El siguiente indicador revela la dramática renuncia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a velar por la ciudadanía. En el primer año de Luz del Carmen Godínez al frente de la CEDHJ, las quejas e investigaciones de oficio se desplomaron. Entre el 2 de agosto de 2022 -fecha en que asumió el cargo- y el 2 de agosto de 2023 abrió sólo 22 quejas de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos, según datos que obtuve por transparencia. Sólo para dimensionar, su antecesor, Alfonso Hernández, inició mil 133 investigaciones de oficio sólo en 2021 por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con negativas de asistencia a víctimas del delito, ejercicio indebido de la función pública, violación a los derechos ambientales y a la salud, desapariciones, entre otros. De las 22 quejas de oficio en la actual gestión, 17 corresponden al año pasado y sólo cinco a la presente anualidad. La tutela de los derechos humanos debe ser proactiva, progresiva y eficaz. Para eso la CEDHJ cuenta con una figura asentada en su ley orgánica: la queja de oficio. Se trata de la facultad de la Comisión para indagar de motu propio una presunta violación a los derechos humanos. Cada uno de los Visitadores Generales así como la Dirección de Quejas poseen la facultad de abrir una investigación de oficio cuando advierten una posible violación grave a los derechos humanos. En pasadas administraciones se realizaba un exhaustivo monitoreo a través de notas de prensa, pero al parecer los visitadores y el director de quejas renunciaron a esa facultad. La importancia de estas quejas radica en que muchas veces derivan en recomendaciones más amplias que alertan de omisiones y fallas estructurales. Una de las 22 quejas de oficio que abrió la CEDHJ este año se relaciona con la supuesta violación a custodias en el penal estatal de Puente Grande. Sin embargo, el organismo ha estado ausente en otros casos como la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, los feminicidios, la violencia intrafamiliar y criminal, el atentado con explosivos en Tlajomulco y muchos casos más no necesariamente mediáticos. De manera paralela, la Comisión registra un desplome en el número de quejas que interponen los ciudadanos, otra arista que revela la pérdida de credibilidad y confianza de la institución en medio de una crisis de derechos humanos. Lo expreso en cifras, pero se trata de vidas. Se trata de las garantías y derechos de los y las jaliscienses. La pérdida progresiva de autoridad moral e institucional ha dado lugar a un organismo paquidérmico, cooptado por intereses partidistas y protector del poder político, no de los ciudadanos y ciudadanas. jonathan.lomeli@informador.com.mx
