Lo primero que hay que decir el origen del escándalo internacional, en el que se convirtió el insólito y vergonzoso peregrinar de cadáveres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por la metrópoli tapatía, tiene al menos tres factores.1.- La escalada imparable de violencia que elevó casi 40% el número de muertes que saturó el cupo de la morgue.2.- La estrategia policial fallida de las autoridades de los tres niveles de Gobierno para hacer frente a los grupos delincuenciales, que los han infiltrado hasta la médula.3.- La insuficiencia presupuestal del centro forense para contar con los instrumentos y el personal necesario para tener una identificación más oportuna de los cadáveres que reclaman miles de familias que padecen la desaparición de sus seres queridos, y que evite la acumulación de cuerpos en sus instalaciones.Esos son los problemas de fondo que se deben resolver, lo demás es una crisis política que provocó una serie de malas decisiones del Gobierno estatal que se encadenaron desde el jueves pasado. Ese mismo día se pudo haber contenido y se hubiera evitado este bochorno, que provocó un raspón más a la imagen internacional de México en el mundo.El primer error fue trasladar en secreto los muertos a Tlaquepaque sin dar aviso a la autoridad municipal; lo peor, a una bodega construida ilegalmente. Por eso el jueves pasado que llegaron los inspectores de obras públicas de la comuna y se encontraron ahí el contenedor con los muertos, estalló el conflicto.Luego de esa pifia, y tras la pésima negociación con Tlaquepaque, volvieron a repetir la falta y enviaron el ya conocido “tráiler de la muerte” a un predio de Tlajomulco sin dar aviso tampoco a la presidencia municipal. Por eso tuvieron que salir de ahí, de nuevo, a la Fiscalía y luego de regreso al IJCF, cuando ya era demasiado tarde.El control de daños que se intentó el lunes la Secretaría General de Gobierno, con el anuncio de una investigación para deslindar responsabilidades, y el posterior aviso vía redes sociales que hizo el gobernador del cese de Luis Octavio Cotero Bernal, lejos de apagar el conflicto, lo avivó.Mientras el Gobierno estatal asegura que según el Artículo 22 de la norma en la materia, la dirección del Servicio Médico Forense es responsable de la admisión, custodia y entrega de los cadáveres, y que por ello despidió a Cotero, el ahora ex funcionario emprendió, desde el lunes, una férrea defensa, reclamando al mandatario estatal haber tomado la decisión desinformado por su secretario de Gobierno, Roberto López. Cotero insiste que la decisión de sacar los cuerpos del IJCF fue de la Fiscalía General del Estado, porque ellos son los responsables de su manejo.Así, entre los dimes y diretes, el Gobierno estatal abrió un frente que, sin duda, afectará el cierre de su sexenio.jbarrera4r@gmail.com
