Como en muchas otras ocasiones hoy un nuevo conflicto entre particulares vuelve a poner en evidencia las corruptelas e influyentismos en nuestro desprestigiado Poder Judicial y la urgente necesidad que tenemos de intervenirlo para limpiarlo.Hoy es la disputa por el control de Sello Rojo, la más importante empresa lechera de Jalisco, la que exhibe nuevamente las actuaciones irregulares de los juzgadores y la inutilidad del infiltrado Consejo de la Judicatura para investigar y sancionar fallos a todas luces tendenciosos y que atentan contra el Estado de Derecho.En este caso, el señalado es el juez noveno mercantil, Juan Quintero Rojas, a quien los que se dicen accionistas mayoritarios de esta empresa (Sergio Akira, Alfredo Shiguerú, Araceli Tomie, Roberto Eiji González Uyeda, Josefina Rodríguez García y José Luis González Sánchez) acusan de actuar por consigna a favor de tres de los accionistas (Abraham Kunio, Rubén Masayi e Hiroko González Uyeda) por su influencia pasada y presente en cargos públicos y dirigencias empresariales, pese a tener sólo el 38 por ciento de las acciones.De hecho, a este juzgador se le responsabiliza de haber solapado y encabezado la diligencia realizada la madrugada del sábado pasado en la que con la fuerza pública irrumpieron violando puertas y utilizando gases lacrimógenos a la fábrica ubicada en la calle Río Álamo 2381, en la colonia El Rosario de Guadalajara para devolver el control de la empresa a Abraham y Masayi, luego de que la noche del jueves el juzgado quinto de control en materia penal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó que los socios mayoritarios tomaran posesión.Lo ocurrido el fin de semana, sin duda, ha sido el punto más álgido de este largo conflicto que ha desestabilizado el andar de la lechera que según sus enfrentados propietarios da sustento a más de cinco mil familias.En sus alegatos, la parte de la familia González Uyeda, que se dice despojada con la acción judicial de la madrugada del sábado, pero que asegura mantener el control financiero de la empresa, acusa que el actuar de este y otros juzgadores en este caso, ha sido faccioso porque en su momento se vieron beneficiados cuando Abraham González fungió como miembro del gabinete del gobernador Francisco Ramírez Acuña a inicios de la década pasada, y más tarde subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Lamentan además que su hermano Rubén, sea aliado del ex funcionario, pese a su papel como coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. De hecho, el año pasado hubo toda una rebelión al interior del CCIJ que encabezó el entonces líder de los constructores, Luis Méndez Jaled, para remover a Rubén Masayi tras su primer año de dirigente y uno de los argumentos era justamente que los conflictos familiares por el control de la empresa lechera lo distraía de las tareas del CCIJ y desgastaba su liderazgo.Habrá que ver, pues, en qué acaba este conflicto privado que vuelve a golpear la casi nula credibilidad que tiene el Poder Judicial en Jalisco. jbarrerar@gmail.com
