Platiqué ayer en radio con Salvador Ruíz Ayala, quien el 12 de octubre de 2017 se convirtió en el cuarto comisario de Seguridad Pública de Tlaquepaque en lo que va del actual trienio que encabezó María Elena Limón, y quien ahora busca la reelección en ese municipio por el partido Movimiento Ciudadano.Llegó a ese mando policial para sustituir a Gustavo Adolfo Jiménez Moya, en el cargo por donde había pasado ya Camilo González Lara y Martín Maldonado, quien renunció a su cargo en febrero de 2016 tras el homicidio de un comandante y dos policías en la transitada Avenida Revolución, a plena luz del día.A Ruíz Ayala le tocó enfrentar, el pasado domingo 11 de marzo, la intervención y desarme de su policía por órdenes del Gobierno estatal, para que la Fiscalía investigara los presuntos vínculos de mandos y elementos con la delincuencia organizada. Como le comenté ayer aquí, esta acción del Gobierno de Aristóteles Sandoval, además de criticada públicamente por la entonces alcaldesa, fue también impugnada ante el Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte dio entrada a la controversia constitucional que promovió el Gobierno municipal de Tlaquepaque en contra del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General, la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Publicaciones, donde se difundió ese 11 de marzo el acuerdo del gobernador para intervenir a esa corporación policial.Para la Comisaría de Tlaquepaque, me dijo ayer Ruiz Ayala, el episodio de la intervención estatal de que fueron objeto es un caso cerrado y que está exclusivamente en manos de la Sindicatura del Ayuntamiento. Que, pese a que en su momento consideró el desarme una decisión apresurada y excedida, hoy la operación de sus elementos está en completo funcionamiento y en coordinación total con la Fiscalía estatal y demás corporaciones policiales federales y fuerzas castrenses.Pese a las sospechas de infiltración delincuencial que llevaron a intervenir la corporación, no hay hasta el momento ningún policía en activo al que se le haya comprobado la colusión y que esté detenido. La intervención, asegura el comisario, tampoco implicó una mejora en el combate a la delincuencia y sólo provocó confusión e incertidumbre en la población.Así, el caso Tlaquepaque hará que en todo el país las intervenciones policiales estén bajo la lupa por la opacidad y la nula rendición de cuentas que hay luego de sus ejecuciones. El futuro de estas operaciones, tema en el que influyen sin duda los muy magros resultados de los exámenes de control y confianza, será determinado por las conclusiones que emita la Corte por esta controversia constitucional luego de recibir las respuestas que requirió al Gobierno de Jalisco. Veremos.jbarrera4r@gmail.com
