Hoy que asuma la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro llegará con un reforzado liderazgo por su amplio triunfo en las urnas y su muy reciente conquista política de sacar del tema de la seguridad a su ex adversario morenista en la contienda electoral y superdelegado, Carlos Lomelí.Pero también cargará con el pasivo de tener, al menos en el arranque de su gestión, la percepción social de que optó por un fiscal carnal, por el miedo a que uno que no sea de ellos los vigile.Y más aún por la simulación de haber atendido a una evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para esta designación, la deuda será por incumplir con su promesa de atender los puntos que le plantearon más de 50 organizaciones de la sociedad civil que articularon el movimiento #FiscalíaQueSirvaJalisco.Estos dos asuntos tienen que ver con la preocupación número uno de los jaliscienses que es la escalada de violencia y de inseguridad, y que seguramente ocupará una parte sustancial de los discursos que pronuncie hoy.Uno alienta y el otro preocupa.Desde luego que es una buena noticia que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador haya escuchado el reclamo de los gobernadores y exista un principio de acuerdo para coordinar corporaciones policiales federales, estatales y municipales. El desacuerdo sólo lo festinaban los grupos delincuenciales y eso era negativo para todos.En el tema de la nueva Fiscalía General, más allá del nombramiento de su titular en la persona de Gerardo Octavio Solís Gómez, a quien se le cuestiona su actuación hace más de una década como procurador por la represión a los globalifóbicos en la Cumbre América Latina-Comunidad Europea realizada en Guadalajara, lo que se le reprocha al nuevo gobernador es que en la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía, que empujó su bancada en el Congreso esta semana, no se hayan atendido los puntos mínimos para diseñar un andamiaje institucional distinto que apunte a construir una instancia de justicia con un nuevo paradigma. Luego de que no atendió la petición central de que fueran organizaciones de la sociedad civil las que propusieran los nombres del futuro fiscal, el entonces gobernador electo empeñó su palabra de cumplir los otros 22 planteamientos presentados al Congreso desde julio pasado. También prometió una agenda de trabajo para alcanzar en el futuro próximo la autonomía de la Fiscalía, cuando el pasado 20 de noviembre le presentaron los resultados de la evaluación hecha a los tres que propuso para el cargo, y que por cierto ninguno calificó plenamente.Lejos de honrar estos compromisos, los términos de la nueva Ley Orgánica aprobada el martes pasado, no sólo no cumplen estas consideraciones mínimas sino que las contravienen al menos en tres aspectos claves para aspirar a tener una mejor Fiscalía y por lo que el CPS solicita su veto: resta autonomía a los ministerios públicos, mantiene el pase automático de mandos y directivos y personal estratégico, y no contempla espacios para la fiscalización y supervisión ciudadana de la persecución penal.Así, habrá que ver si el Gobierno estatal autollamado de la “Refundación de Jalisco” quiere continuar la historia de siempre de Procuradurías y/o Fiscalías sumisas y supeditadas al poder en turno, que no puedan poner fin a las inercias de corrupción e impunidad, base y origen de nuestro problema de inseguridad.
