De los pocos puntos que el gobierno estatal ha cumplido de los 22 mínimos que Enrique Alfaro prometió realizar progresivamente al inicio de su administración con los promotores del movimiento #FiscalíaQueSirvaJalisco en el que participan más de 50 organizaciones empresariales, académicas y sociales, fue el de la instalación hace un año del Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía.Con este órgano de carácter honorífico, compuesto por académicos de la UNIVA, ITESO, Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, así como un integrante del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se pretendía iniciar con una tarea inédita de escrutinio social para vigilar y buscar la mejora de los procesos internos de esa institución que como vimos esta última semana está muy lejos de cumplir su papel de procurar justicia en el Estado.Entre los objetivos estaba dar mayor certidumbre a las investigaciones, a la persecución del delito, las acusaciones y los litigios, y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos en temas de respeto a los Derechos Humanos, contraloría social y recursos humanos.Recién instalado este Consejo, se registró en junio del año pasado lo que se consideró el más grave ataque sufrido por la Fiscalía estatal en su historia cuando casi en forma sumultánea fueron agredidos en tres hechos distintos dos agentes, que murieron, y una funcionaria, que afortunadamente sobrevivió.Pudo haber sido peor según revelaron el Fiscal Gerardo Octavio Solís, y el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al señalar en aquella ocasión, que había indicios que el grupo delincuencial agresor tenía una lista de al menos 15 objetivos más de esa dependencia y otras.Sugerí aquí que, ese lamentable suceso, abría la oportunidad para que este Consejo se estrenara y empezara a gravitar en la dinámica interna de la Fiscalía, que siempre ha operado en la opacidad absoluta, para contribuir a rescatar una Fiscalía amenazada y esclarecer si detrás de aquellos ataques estaba la infiltración delincuencial para crear divisiones al interior de esa dependencia.Con la hipótesis lanzada por el Gobernador en el sentido de que podrían ser grupos de la delincuencia organizada los que hubieran ordenado a mandos de la Fiscalía las desapariciones forzadas del viernes pasado en las inmediaciones de su sede, y los que concluyen que lo ocurrido no fue la desobediencia de los dos agentes detenidos, sino una acción concertada que involucró a decenas de funcionarios y policías para cometer desapariciones forzadas, queda claro que en la Fiscalía han dado muy poco margen de acción a este órgano ciudadano.Ante la desastrosa y violatoria actuación de la Fiscalía en la última semana, el CTC no ha hecho pronunciamiento alguno y se ha limitado a difundir un par de tuits en los que revelaron el sábado pasado que han solicitado información a esa institución sobre los hechos de Ixtlahuacán y las manifestaciones, y prometen “estar vigilantes y pendientes de las decisiones que se tomen al respecto” y a informar “a la brevedad a la ciudadanía los avances con los que se cuente”. Veremos.jbarrera4r@gmail.com
