Mi columna del pasado sábado procuraba llamar la atención sobre una oleada de mujeres jóvenes desaparecidas que sucedió entre el 17 y 19 de febrero, de casos ocurridos en enero, además de reportes de intento de privación de la libertad en Zapotlán el Grande. En total eran ocho mujeres adolescentes o jóvenes reportadas como desaparecidas. Por fortuna, siete de ellas ya fueron localizadas y se encuentran con sus familias. Ojalá así fuera en todos los casos.Mi texto fue cuestionado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, señalando que había mentiras y que era irresponsabilidad difundir estos casos. Luego informó que en los casos de la semana pasada, todas las chicas se habían ido por su voluntad.El gobernador está en su derecho de cuestionar el trabajo periodístico, y los periodistas en el derecho a seguir haciendo nuestro trabajo. Nunca mentí en mi columna porque era verdad que, al momento de redactar el texto, siete chicas estaban desaparecidas, de las cuales tres tenían ficha de la Alerta Amber. Cuando escribí el texto una de ellas ya había sido localizada, y así lo di a conocer. Estoy convencido de que era pertinente llamar la atención por los siete casos reportados en apenas tres días.El que se hayan ido por su propia voluntad no es una atenuante de la grave situación que tenemos, como parece indicar el gobernador. En el momento que las familias presentaron sus reportes desconocían las razones de la ausencia y es obligación del gobierno activar todos los protocolos de búsqueda. Por lo menos en los casos de la semana pasada, no se activó el Protocolo Alba, diseñado específicamente para la búsqueda de mujeres.Ayer mismo, en un comunicado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que “se han observado omisiones en la implementación del Protocolo Alba Jalisco, mismo que a la fecha no está ajustado y armonizado conforme a lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.Creo que el gobernador debería gastar menos tiempo en reconvenir reporteros, y más en atender este problema grave, de la mano de las familias organizadas que tienen desaparecidos.El problema de las desapariciones en Jalisco “es alarmante”, como señalaron en un comunicado 24 organizaciones, entre ellas Por Amor a Ellxs, hace un mes. Según el registro federal, Jalisco tiene nueve mil 100 desparecidos. El Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) reconoce ocho mil 872 desapariciones. Solo el año pasado desaparecieron dos mil 100 personas.Apenas ayer el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos, dijo que Jalisco tiene un retraso de 50 años en la creación de sus leyes sobre desaparición forzada.En el caso de mujeres desaparecidas, el año pasado Jalisco encabezó la lista con 275 casos. El año pasado, cada mes se desapareció a 23 mujeres, y el registro histórico que reconoce el propio gobierno de Jalisco es que hay mil 077 mujeres desaparecidas.Ante esta realidad, es necesario que el gobierno del estado, en particular el titular del Poder Ejecutivo, escuche y atienda a las familias.“No podemos negar que las cifras y la realidad que reflejan son alarmantes: En Jalisco desaparecen personas todos los días y la política del Estado no es suficiente para atender la crisis ni para desincentivar la comisión de este delito”, escribieron 24 organizaciones de la sociedad civil en el “Pronunciamiento respecto a la situación de la desaparición de personas en Jalisco”, el pasado 26 de enero.En este pronunciamiento se señaló que le tomaban la palabra al gobernador para crear de manera conjunta el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y lo instaban a resolver varios puntos a más tardar el 14 de febrero. Pasó la fecha y el gobierno del estado no atendió las peticiones de estas organizaciones, entre ellas el colectivo de familiares Por Amor a Ellxs.Insisto, más que reconvenir periodistas, el gobernador debería dar prioridad a atender a las familias que tienen desaparecidos. Entre otros, debería atender la petición de David Sánchez, cuya hija Gala Sánchez Lemus, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el 13 de enero de este año.
