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Sábado, 15 de Diciembre 2018

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Escalada a la militarización

Por: Rubén Martín

Escalada a la militarización

Escalada a la militarización

Los militares han ido adquiriendo más poder en México y van por más. Presenciamos en meses recientes una cruzada político-militar-empresarial-mediática que pretendía justificar una legalización de las fuerzas armadas en las calles y ámbitos de responsabilidad que la Constitución encarga a autoridades civiles. Todo esto con la falsa justificación del combate al crimen organizado.

Desde hace unos meses, mandos militares, clase política, empresarios, empresas de medios intensificaron las presiones para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior que legalizaría la ilegal actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que contempla una jurisdicción semejante a la del Estado de excepción.

Esta cruzada a favor de la militarización dio un paso crucial el jueves pasado cuando la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que aprueba la Ley de Seguridad Interior. Dicha ley fue aprobada con los votos de 183 diputados del PRI, 35 del PVEM, 14 de Acción Nacional, dos perredistas, nueve del Panal, y nueve del PES. En contra votaron 17 diputados del PAN, 39 del PRD, 39 de Morena, 17 de MC, y uno independiente:87 diputados no estuvieron en esa sesión, en tanto que 48 se abstuvieron. El PRI y su partido palero-satélite PVEM tenían prisa por aprobar esta legislación que desde hace meses reclamaban los militares, y recientemente el presidente Enrique Peña Nieto.

Al aprobar esta legislación, los diputados se hicieron sordos a los reclamos que plantearon una amplia coalición de organizaciones civiles articulada en la plataforma “Seguridad sin guerra” (integrada por 240 organizaciones y más de 200 académicos e intelectuales del país) quien considero que con la ley referida, se pretende, “normalizar la intervención del Ejército mexicano en labores policiales”, lo que “contribuiría a perpetuar la situación de violencia que se busca revertir”. Esta legislación ya ha sido cuestionada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y varios organismos internacionales. Incluso el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, Jan Jarab, llamó al Senado de México a no aprobar la ley tal como la pasaron los diputados federales.

El colectivo Seguridad sin Guerra ha difundido un pronunciamiento donde centra el cuestionamiento en diez puntos. Entre ellos destaco dos: el concepto de seguridad interior que podría ser utilizado a discrecionalmente por el poder Ejecutivo para calificar las protestas sociales y eventualmente, criminalizarlas al considerarlas una amenaza. El otro punto tiene que ver con la “Declaratoria de protección a la seguridad interior”, que podría ser invocada por el Ejecutivo, y que de facto implicaría suspensión de garantías individuales y la suspensión de los poderes locales constituidos, dando el mando al gobierno federal y a los militares. Este precepto es de facto la imposición de un estado de excepción.

La ley aprobada por la Cámara de Diputados ahora deber ser revisada y votada en la Cámara de Senadores. Por las críticas prácticamente generalizadas de la sociedad civil y de los organismos derechos humanos, y por los riesgos que entraña para las libertades civiles y políticas, dicha ley debe ser rechazada. De no hacerlo, estaríamos dando otro paso más hacia la militarización y el Estado de excepción de facto en México, con una mera careta de democracia.

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