Ni la pandemia ha podido minimizar la situación de violencia organizada que vive la sociedad mexicana y sus facetas más dolorosas como son las desapariciones y la crisis forense. En Jalisco, ambas crisis, la de desapariciones y la forense, siguen siendo un flagelo que golpea a miles de familias. Aunque, según los datos oficiales del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, se registra una ligera baja en las denuncias por desapariciones en 2020 (mil 967) comparado con 2019 (mil 996), para un total de nueve mil 593 desaparecidos, el registro federal indica que Jalisco sigue siendo uno de los estados con más casos con 11 mil 631 denuncias.A pesar de la gravedad del problema, las autoridades responsables no están haciendo bien su trabajo y, por el contrario, siguen cometiendo graves omisiones en cada una de las búsquedas de personas reportadas como desaparecidas.Así lo señaló de nuevo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la primera recomendación que emite en lo que va del año. La recomendación se sustenta en la denuncia de 31 personas desaparecidas cuyos familiares presentaron denuncia ante la CEDHJ por irregularidades cometidas por las autoridades responsables de buscar a sus familiares.La recomendación 1/2021 de la CEDHJ, presentada ayer martes, registra el caso de una familia que denunció la desaparición de un hijo el 18 de junio de 2018 y que 20 meses después se admitió que el cuerpo del joven se encontraba bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pero que no se informó de ello a los padres debido a irregularidades tanto en la toma de muestras genéticas, como de confronta de perfiles genéticos y de coordinación entre autoridades. Es decir, el mismo día que la familia reporto la desaparición de su hijo podrían haber sido enterados de que el cuerpo estaba en la morgue estatal debido a que fue muerto por atropellamiento. Pero no ocurrió así y el dolor por la desaparición del hijo se multiplicó por un año y ocho meses más. El núcleo de la recomendación revela un patrón de graves deficiencias y omisiones en la búsqueda en vida de los desaparecidos. El documento de la CEDHJ detalla al menos 22 graves omisiones entre las que se destacan que no se elabora un plan de investigación en ningún caso; dilación en iniciar la carpeta de investigación y en la búsqueda de la persona desaparecida; poco o nulo seguimiento a los datos aportados por los familiares; que no se solicita con urgencia la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida; constantes cambios de agentes del Ministerio Público o de policías investigadores, lo que en muchos casos significa que la búsqueda comienza prácticamente de cero; no solicitan grabaciones inmediatamente de cámaras de video-vigilancia, ni las sábanas de llamadas a las compañías telefónicas; la dilación de los dictámenes periciales y el trato indigno a las familias. La recomendación de la CEDHJ cuestiona el burocratismo de los responsables de buscar a los desaparecidos, pues “las investigaciones tienen marcada gestión documental, expedir sólo oficios, y se obvia el aspecto central de la búsqueda”. También se cuestiona la falta de coordinación entre las propias áreas de la Fiscalía, así como entre estas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Un hecho muy grave es que la búsqueda no comienza apenas se presenta la denuncia, sino que se demora al menos 24 horas. Se critica también que las diligencias, investigaciones y las entrevistas a posibles testigos de las desapariciones se realizan hasta ocho días después de ocurridos los hechos, lo que ocasiona mayor dificultad para encontrar a las personas ausentes. En descargo de los responsables de búsqueda, la CEDHJ denuncia la excesiva carga de trabajo en las agencias del Ministerio Público: en 2020 cada una de las 26 agencias atendió en promedio 378 denuncias de personas desaparecidas, lo que evita que se avance con diligencia y rapidez. Por todas estas omisiones, la CEDHJ hace recomendaciones a las autoridades responsables. Pero a pesar de la falta de personal y recursos materiales para llevar a cabo su trabajo, la recomendación de la CEDHJ desnuda que los responsables de las búsquedas están cometiendo graves omisiones que evita que se encuentre a los miles de desaparecidos que nos siguen faltando a todos.
