Lo primero que debemos dejar claro es que José Ramón López Beltrán no está obligado a vivir con la austeridad con la que asegura vive su padre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que, dicho sea de paso, no se fue a vivir a la residencia oficial de Los Pinos, pero tampoco se quedó a vivir en su domicilio, como por ejemplo sí lo hizo el presidente de Uruguay, José Mujica, que no se mudó de su modesto departamento al que llegaba en vocho el tiempo que gobernó Uruguay, del 2010 al 2015. Nuestro Presidente, pese a su discurso de austeridad, ha dejado el Tsuru y eligió irse a vivir a Palacio Nacional.Habrá que decir también que López Jr. tiene todo el derecho a tener el estilo de vida que quiera, y a tener los lujos que desee con el producto de su trabajo o patrimonio mientras se haga con dinero bien habido, y aunque se convierta así en una persona “aspiracionista” y amante de las cosas materiales que tanto critica su padre desde sus ruedas de prensa mañaneras. Lo que queda claro por la residencia en la que vive en Houston es que le gusta la buena vida y en los hechos no comparte la visión que predica su padre contra los fifís, lo que insisto, no tiene nada de malo, menos aún porque ni siquiera es funcionario de alguna dependencia pública donde si deben evitarse derroches y desvíos de los recursos públicos. Planteado lo anterior, lo que también hay que señalar es que el gobierno de la 4T deberá hacer mucho más que sólo pensar que con la explicación que dio ayer el Presidente en su mañanera de que la mansión de Houston con valor de un millón de dólares en la que vive su hijo es porque su nuera Carolyn Adams “tiene dinero”, ponga fin a la polémica. La respuesta de López Obrador para tratar de desvirtuar el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia Latinus hizo recordar cuando en el escándalo de la Casa Blanca, el gobierno de Peña Nieto dijo que era de la esposa del Presidente y que la había comprado con sus ingresos como actriz, cosa que nunca nadie creyó y la Secretaría de la Función Pública dejó impune.Si como dijo ayer AMLO, en su gobierno sus hijos no hacen tráfico de influencias ni recomiendan contratos, se deberá despejar cualquier duda con la documentación correspondiente tanto pública como privada para acreditar la compra de la residencia y para desvincularla del contrato que firmó Pemex en agosto de 2019 por 85 millones de dólares con la petrolera texana Baker Hughes, ya que uno de sus altos ejecutivos era el dueño de la mansión a la que llegaron a vivir los familiares del Presidente un mes después de efectuado el trato con Pemex. Veremos.jbarrera4r@gmail.com
