El caso del alcalde de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada Mendoza, es un ejemplo de cómo el combate a la violencia de género se partidiza y disfraza con palabras. El audio del alcalde, que pasó de mediador de una denuncia de hostigamiento sexual a acosador, normaliza la violencia de género y el acoso. Cosifica a Diana al compararla con un auto deportivo. Replica una concepción cultural de la mujer en donde su función genuina es la de ser «disfrutada» por su marido. En resumen, ironiza y humilla a una víctima para convertirla otra vez en víctima –en las palabras de Quezada Mendoza, más que torpeza o imprudencia, hay una alegría vulgar y libidinal–. La respuesta de Movimiento Ciudadano Jalisco fue políticamente correcta: condenó «enérgicamente» los hechos. Y en un comunicado, señaló: «propondremos ante la Asamblea Electoral Estatal que quede fuera de cualquier postulación».¿Movimiento Ciudadano propondrá a Movimiento Ciudadano suspender el derecho a la reelección del alcalde? En sus estatutos, la Asamblea Electoral Estatal está integrada por los dirigentes locales. La respuesta partidista despersonaliza al responsable de la toma de una decisión: Ricardo Rodríguez, presidente estatal del partido. O algún dirigente principal. Entonces resulta tibia, ambigua y disfraza una acción urgente. Sólo la «propone».En otro apartado, el comunicado describe la conducta del alcalde que el partido calificó de alejada de lo ejemplar: «agravó la situación con expresiones que se presumen un acto de violencia y hostigamiento verbal contra la servidora pública».Otra vez la redacción, seguramente a cargo de un hombre, deja entrever la normalización y la duda. ¿Se presume (y no se asume) la evidente violencia y el hostigamiento verbal? Ojo: no es hostigamiento sexual sino verbal. El primero es un delito que castiga el artículo 176-Bis del Código Penal de Jalisco cuando alguien, valiéndose de su posición jerárquica, hostiga con fines lascivos a una mujer. El hostigamiento verbal no existe en la ley.La respuesta de Quezada Mendoza es todavía más bochornosa. Se disculpa y justifica: «No cuento con conocimientos técnicos ni pericia en materia de resolución de conflictos sino únicamente contaba con la voluntad de llegar a una conciliación». Hay una falta de sentido autocrítico: El requerimiento no es de alta especialización sino de sentido común y conocimiento básico de la ley, pues había una denuncia ante el Órgano Interno de Control del municipio.Luego, el alcalde lamenta lo que califica de una imprudencia: «Lamento profundamente el vocabulario que utilicé. Mi propósito de conciliar, lo único que propició fue agudizar aún más el problema». Con esto infantiliza su postura: es una imprudencia, como la de un niño que ignora ciertas reglas. No la de una autoridad municipal.Tampoco el problema es sólo de vocabulario. Esta idea sería el equivalente a que un criminal, ante un atraco, se disculpara por haber utilizado un arma de fuego. Es absurdo.La Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco también emitió un comunicado. Generalizó a todos los partidos la exigencia de combatir la violencia de género. Reprobó los hechos. Su postura fue genérica. No añadió una exigencia puntual para sancionar al alcalde. Es más, ni siquiera menciona su nombre.Sabemos lo que dice el alcalde de Tototlán, lo que dice su partido, lo que dice la secretaría de Igualdad, lo que dice el Código Penal de Jalisco. Ahora sólo falta saber lo que hacen todos ellos. Porque hasta ahora, el combate a la violencia de género está disfrazada con palabras y declaraciones.
