El servicio público de justicia está en crisis desde hace décadas en México. Los alarmantes índices de impunidad son producto de la ineficacia operativa de un sistema que agotó su horizonte; ha desembocado en reformas que han introducido cambios profundos en materia judicial. El asunto ha sido parte de la agenda de todos los gobiernos desde la transición democrática. Sin embargo los avances han sido tan lentos que han provocado que en los últimos años la crisis se profundice.En este caminar lento se ha fortalecido la independencia judicial, se ha implementado un enfoque garantista en la vigencia de los derechos, se instauró el sistema penal acusatorio, se creó una Fiscalía independiente y se han dado pasos en el sistema procesal, sin embargo, se mantiene una inmensa maraña en la legislación de los estados y una crónica situación en los penales que colapsa cíclicamente.Se ha producido de hecho una contienda entre los criterios del Gobierno federal y las entidades en materia judicial, carcelaria, de Policía e investigación en donde las competencias y los resultados locales son muy distintos en cada región del país. Parece que el siguiente paso en esa ruta, que debe acelerase por el bien de todos, se dará en los próximos días cuando se presenten en el Senado de la República un paquete de iniciativas para modificar el sistema de procuración y administración de justicia.Por lo que se sabe hasta ahora, en ellas se contienen propuestas específicas para contar con un Código Penal Único, eliminar o regular el arraigo como medida que adelanta un castigo sin resolución judicial, y otras medidas para fortalecer la labor de la Fiscalía General de la República.Habrá que estar atentos a que estas propuestas respeten los derechos fundamentales de las personas y, especialmente, los principios de presunción de inocencia y debido proceso. En ese sentido, vale la pena recordar que México ha aceptado cientos de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también recibe asistencia de programas de cooperación internacional para el fortalecimiento de las tareas judiciales.Las reformas que se discutirán en las próximas semanas en el Congreso de la Unión serán cruciales en la agenda de defensa de los derechos y libertades y, por tanto, habrá que estar atentos a la calidad de los debates para evitar que la opinión pública se distraiga con aspectos superficiales.La cuestión fundamental es el acceso a la justicia como derecho fundamental de todas las personas y para ello es indispensable contar con la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, como requisitos previos esenciales para defender el Estado de derecho y garantizar que no haya discriminación en la administración de justicia.El respeto al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias es uno de los temas más importantes en este sentido. Más si tomamos en cuenta el caso tan lamentable de los miles de homicidios y desapariciones que tenemos en México. Esto junto al derecho al debido proceso que tienen las personas que enfrentan juicios por este motivo son los asuntos más visibles en el debate.Pero al mismo tiempo, las reformas que se discutirán abren el espacio para avanzar en la implementación de medidas para fortalecer el derecho a que los servicios sean expeditos, gratuitos y eficientes, para lo cual es necesaria una gran inversión de recursos para la formación de capital humano, instalaciones y fortalecer las capacidades de cobertura de las autoridades en materia de justicia.La ruta para salir de la crisis en materia de justicia es de largo aliento, requiere insistir en una política de Estado construida por encima de intereses partidistas, por lo que habrá que cuidar que las reformas que se presentarán no signifiquen un retroceso en el camino para ampliar el ámbito de respeto a los derechos de las personas, ante la tentación del uso oportunista del tema.El acceso a la justicia es el reclamo más profundo de la sociedad mexicana del siglo XXI. Ante ello la respuesta corresponde al Estado Mexicano.
