El Salto es hoy, lamentablemente, sinónimo de desastre ambiental y emergencia sanitaria producida por la contaminación del agua, tierra y aire debido al desarrollismo industrialista del capitalismo jalisciense. Mencionar El Salto trae el recuerdo de la antigua cascada de vida, hoy convertida en un resumidero de agua envenenada con más de mil metales que vierten impunemente las empresas asentadas en el corredor industrial que va de Ocotlán a la Zona Metropolitana de Guadalajara.El Salto es la memoria de casos terribles como la muerte por envenenamiento del niño Miguel Ángel López Rocha, en febrero de 2008, y la crisis por enfermedades graves como cáncer y males renales. Desde hace más de 20 años, organizaciones como Un Salto de Vida o Grupo Ecologista El Roble de Juanacatlán han denunciado que los males que padecen miles en sus comunidades son producto de la contaminación industrial y de la desidia y la corrupción gubernamentales.Pero ahora El Salto es también sinónimo del desastre inmobiliario que producen la avaricia de los mal llamados “desarrolladores inmobiliarios” y, otra vez, la desidia y corrupción gubernamental.Motivados por el bajo valor de la tierra y la cercanía de las viviendas con el corredor industrial de El Salto, varias empresas inmobiliarias han levantado fraccionamientos con severas deficiencias, tanto en su construcción como en las medidas ambientales. En este momento, el mejor ejemplo de ese desastre inmobiliario y ambiental lo constituye el fraccionamiento El Mirador, que la empresas Casas Bali (de la familia Barajas Lima, de Lagos de Moreno) está levantando cerca de la cabecera municipal de El Salto, frente al fraccionamiento La Azucena, donde cayó a un canal de agua contaminada el niño Miguel Ángel López Rocha, y apenas a kilómetro y medio del vertedero de basura Los Laureles. Se trata de un fraccionamiento que pretende construir cinco mil 965 viviendas, con un costo promedio de 425 mil pesos cada una, por lo que se trata de un negocio de dos mil 535 millones de pesos. De habitarse todas las viviendas podrían llegar a El Salto hasta 25 mil vecinos, lo que representa hasta 13% de la actual población, que asciende a 190 mil habitantes. Desde marzo del año pasado, vecinos organizados en la asociación Un Salto de Vida promovieron un amparo para solicitar a un juez la suspensión de la obra. Lo hicieron, explicó Alan Carmona de Un Salto de Vida en Radio Universidad de Guadalajara, “por la preocupación de que lleguen más personas a envenenarse a este ‘infierno ambiental’ catalogado así por el propio Gobierno federal”.Un Salto de Vida ha denunciado que oponerse a la construcción del fraccionamiento El Mirador tiene que ver con la preocupación por el medio ambiente, al permitir que se levante apenas a unos metros del vertedero de basura Los Laureles, que emana olores y vierte lixiviados que pueden contaminar el aire, agua y tierra y, por tanto, afectar a los futuros vecinos del fraccionamiento en cuestión. Y también la llegada de 25 nuevos vecinos implicaría una presión por los sobre explotados mantos acuíferos de los que viven los actuales habitantes de El Salto. El juez que conoció de la demanda de amparo reconoció como válidas las preocupaciones ambientales de Un Salto de Vida, por lo que desde agosto del año pasado decretó aplicar medidas cautelares provisionales, en diciembre las reconoció como definitivas y ordenó dejar sin efecto las licencias y clausurar la obra. El pasado 15 de enero, el juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Ayuntamiento de El Salto suspender la obra de El Mirador y dio 24 horas de plazo para cumplir la medida. Éste se venció pero la obra seguía en construcción, como verificaron integrantes de Un Salto de Vida. Hasta ahora, pareciera que el gobierno municipal de El Salto está del lado de la constructora y no de los pobladores, a quienes el juez dio la razón. La construcción de El Mirador debe ser clausurada y las licencias dejadas sin efecto, como ordenó el juez, y se debe revisar de fondo si es conveniente que 25 mil nuevos vecinos vivan en una zona que pronto los pondrá en una situación de riesgo para su salud al vivir en un “infierno ambiental”. Y los promotores de esta suspensión deben tener garantías, no solo de que se cumpla la ley sino evitar que sufran hostigamiento o amenazas por luchar por defender su territorio de las empresas que contaminan y los gobiernos que lo permiten.
