Esta semana, el Gobierno de México rindió su octavo informe periódico ante la Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación que se ejercen contra las mujeres (CEDAW), cuyos orígenes se remontan a finales de la década de los setenta. En estos informes, el Comité de Expertas de la CEDAW se reúne con una delegación de cada país que informa sobre sus avances y, al mismo tiempo, escucha a las organizaciones de la sociedad civil en lo que se denominan los “informes sombra”.En este informe, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, asistió con una delegación mexicana y señaló como avances las reformas constitucionales que garantizan igualdad sustantiva, salario igualitario y una vida libre de violencias hacia las mujeres; así como los programas de bienestar para mujeres como un derecho constitucional y la garantía jurídica relacionada con la paridad. La secretaria reconoció que, a México, le falta mucho camino por avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres ante la desigualdad estructural que impera en el país.En las redes sociales, diferentes organizaciones feministas comenzaron a difundir la idea de que, ante el comité de expertas de la CEDAW, México había quedado “reprobado” y así lo demuestran los llamados informes sombra, que hacen énfasis en las grandes ausencias del informe país. Uno de esos informes fue presentado por Amnistía México e Ipas, y es muy contundente con respecto a las enormes ausencias en temas trascendentales en torno a los cuales nuestro país ha hecho muy poco.En principio, colocan como un tema de profunda importancia la actual situación de las Mujeres Buscadoras de personas desaparecidas, mismas que enfrentan profundas discriminaciones, estigmatización y revictimización, criminalización, impactos negativos a su salud, así como una situación de empobrecimiento muy delicada. Lo anterior, de cara a una permanente impunidad y violencia estructural e institucional que el Estado mexicano sigue sin modificar. En este tema, las organizaciones hacen un enérgico llamado al Estado mexicano a que reconozca la grave crisis de las mujeres buscadoras y a que se garanticen sus derechos de manera progresiva.Con respecto a las violencias basadas en género, el informe sombra señala las graves deficiencias que tienen los protocolos y las investigaciones en torno a los feminicidios, mismos que han aumentado en el país. Señalan que las familias de las víctimas son constantemente revictimizadas sin tener acceso a la reparación integral del daño. De igual manera, se hace referencia a las mujeres desplazadas internamente por problemas relacionados con la seguridad, así como a la falta de protección que viven al enfrentar la violencia familiar y de pareja. Preocupante es la falta de reconocimiento y diagnósticos claros con relación a los desplazamientos internos de mujeres por temas relacionados con el crimen organizado y la inseguridad, dado que este fenómeno aporta al empobrecimiento de las mujeres y sus hijos e hijas, negándoles el acceso a muchos otros derechos más.Hasta donde sabemos, el comité de expertas de la CEDAW reconoció los avances legislativos, pero mostró preocupación por temas que van más allá de los informes sombra, tales como la militarización y sus consecuencias sobre las mujeres y las niñas, los actos de tortura sexual, así como los problemas que representa la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, señalando consternación por el incremento de personas privadas de su libertad por esta medida.Los informes país y los informes sombra que se presentan ante la CEDAW son siempre una valiosa oportunidad para analizar perspectivas diferentes, pero, sobre todo, una enorme ventana para que el Estado mexicano pueda trabajar para mejorar el diseño de sus políticas públicas y acciones. México debe reconocer que sigue en deuda con las mujeres, pero más allá de ello, debe trabajar fuertemente para mejorar la realidad que vivimos en materia de violencia e inseguridad.ierika.loyo@udg.mx
