Focos rojos debieron prenderse en los equipos de muchos y muchas políticos mexicanos dentro y fuera del poder, así como preocupación en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el retiro de visas: primero al alcalde morenista de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Favila, tras ser retenido más de medio día en la garita de Brownsville el 17 de abril pasado; y este fin de semana a la también gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres.Algunos atribuyen estas revocaciones ordenadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a una nueva medida de presión del gobierno de Donald Trump para obligar a México a endurecer aún más sus estrategias y políticas para combatir a los cárteles de la droga y recuperar los territorios que están bajo su control.Otras versiones señalan que la revocación de las visas se debe a investigaciones que giran en torno de varios personajes del mundo político mexicano, como sucedió con este alcalde tamaulipeco y con la gobernadora de Baja California, y que se intensificaron luego de la negativa de la Presidenta Sheinbaum a permitir la colaboración militar estadounidense contra el narco que Trump le ofreció en la última conversación telefónica que sostuvieron a principios del mes en curso.Lo cierto es que la amenaza del retiro de visas a políticos y políticas mexicanas con algún vínculo con la delincuencia organizada la tenía contemplada el gobierno de Estados Unidos al menos desde agosto pasado, todavía en el gobierno de Joe Biden y antes de que Donald Trump ganara las elecciones de su país el año pasado.Fue cuando se tensaron fuertemente las relaciones de EU con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, por la “pausa” que le puso en la comunicación al entonces embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por uno de los hijos de “El Chapo” para entregarse en Estados Unidos, y también por las críticas que hacía a la iniciativa de la reforma judicial que aún no se aprobaba.En un reporte de Inteligencia Estratégica que circuló entre la comunidad diplomática —y que aseguraban lo había realizado la Unidad de Análisis de Riesgos Hemisféricos de la Embajada de EU en México—, fechado el 29 de agosto pasado, ya señalaban el retiro de visas a gobernantes y políticos mexicanos.En su apartado denominado “Sanciones Internacionales y Afectaciones a México”, donde exponían una serie de potenciales acciones, aparecía en el inciso “c” correspondiente a “Sanciones Diplomáticas” la “Retirada de embajador de EU (30% de probabilidad en 2 meses)” y que habría un 65% de probabilidad de aplicar restricciones de visa para funcionarios mexicanos y sus familias.Habrá que recordar que el ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, acusó desde el Senado y entregó supuestas pruebas en agosto de 2022 de los vínculos de su correligionaria, la gobernadora, y de su esposo con el crimen organizado.Esa podría ser parte de la investigación que realizan en los Estados Unidos sobre ella y otros más que pudieran tener en riesgo su visa a ese país.
