Jueves, 08 de Diciembre 2022

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Directo al fiscal

Por: Allá en la Fuente .

Directo al fiscal

Directo al fiscal

Hay malestar en el Gobierno de Jalisco por el trabajo del fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz. En 2021 se presentaron denuncias por el presunto desfalco en el Instituto de Pensiones, pero en febrero pasado se amplió la información por parte de la Contraloría y es hora que todavía “no hay avances”.

Se trata de supuestas anomalías por dos mil 600 millones de pesos en 26 inversiones en mercados financieros realizadas en la pasada administración estatal, en donde están señalados más de 10 ex funcionarios del Ipejal, incluyendo “peces gordos”.

En pocas palabras, el director de Pensiones, Héctor Pizano, asegura que el fiscal tiene todo para judicializar el caso, pero desde la Fiscalía aseguran que trabajan con todo, por lo que no hay nada de qué hablar sobre este asunto.

El pasado domingo y frente a los maestros, el gobernador exigió que los ex funcionarios que desfalcaron a Pensiones deben estar en la cárcel. La pregunta obligada es: ¿Llevarán al banquillo de los acusados a Francisco Ayón, quien fue presidente del Consejo de Administración del Ipejal?


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Por cierto, las inversiones fuertes que están en investigación fueron en el sexenio pasado, principalmente entre 2015 y 2017.

Aunque los ex directivos del Comité de Inversiones del Instituto de Pensiones y del Consejo de Administración son los principales señalados, destaca que en el Ipejal también existe un Consejo Directivo integrado por representantes de Pensiones, por dos sindicatos, por parte del Gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Guadalajara.

Y resulta que en esos años en referencia, el actual gobernador de Jalisco era alcalde tapatío y era representado en la mayoría de las veces por Juan Partida Morales. ¿En serio no detectaron en aquel entonces las presuntas anomalías? ¿Nunca pidieron informes de las finanzas? ¿O cuál es el papel del Ayuntamiento en el Consejo? Muchas preguntas.


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El “todas mías” del gabinete estatal, Hugo Luna, culpó ayer a la pandemia por no tener operando las 70 líneas de verificación vehicular que se prometieron desde el año pasado. Pero se le olvidó que, cuando hicieron esa promesa, ya llevábamos más de un año de contingencia sanitaria y sabían de sobra sus efectos, por lo que  tuvieron que aplazar las convocatorias para las licitaciones de los verificentros.

Aunque la administración no cumplió su parte, el funcionario reiteró el llamado a los ciudadanos a que cumplan. Y dejó claro que las multas llegarán a partir de julio, sin prórrogas. Así ponen el ejemplo a la población.
 

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