El gasto en comunicación social vuelve a ser tema en el Congreso de Jalisco. Hay cinco iniciativas para regular el dinero que las instituciones del Estado destinan a comunicación social. Qué bueno, es una discusión no solo pertinente, sino que detiene el uso discrecional de los recursos públicos, particularmente los destinados a los medios de comunicación, es una demanda ciudadana desde hace varios años.Durante mucho tiempo los gobiernos han destinado una buena cantidad de dinero a los medios de comunicación. Menos de los que algunos se imaginan, pero mucho más de lo que es estrictamente necesario, pero sobre todo de forma por demás opaca.Comencemos por el principio. ¿Debe el Gobierno comprar publicidad en los medios de comunicación? La respuesta es sí, pero solo en aquellos rubros que son de interés de la sociedad. Esto es, el Gobierno tiene que gastar nuestro dinero en informarnos a nosotros, los dueños del dinero, lo que queremos y necesitamos saber, no para lo que ellos quieren que sepamos. Dicho de otra manera, lo que es inmoral es que el dinero público se gaste para mejorar la imagen privada de una persona, sea este gobernador, secretario, alcalde o diputado. Durante muchos años el gasto de comunicación social se ha utilizado para posicionar a los políticos de cara a la próxima elección y eso es justamente lo que hay que evitar.Sin embargo, y el asunto no es menor, cada vez más gobernar es comunicar. Difundir y poner sobre la mesa los proyectos de Gobierno es fundamental para la gobernabilidad. El Gobierno no puede vivir dentro de una cápsula tomando decisiones, tiene que socializar sus ideas y proyectos para lograr los consensos, porque hoy gobernar requiere no solo de la participación social sino de la convergencia de actores en el espacio comunicativo.La credibilidad, lo hemos comentado antes, es el timón de todo Gobierno. Generar cambios profundos en una sociedad requiere de gobiernos fuertes, con crédito frente a la sociedad. La credibilidad tiene entre sus componentes necesarios el de la comunicación. ¿Puede y debe entonces un Gobierno utilizar dinero público para fortalecer su imagen y ser digno de un mayor crédito? Este me parece que es el tema central y esto es lo que hay que discutir y normar.Dejar a los gobiernos amarrados de manos, sin esa palanca de apoyo para las transformaciones sería un error. Permitir que los gobiernos gasten a discreción y en función del mejoramiento de la propia imagen y no de un beneficio social, como ha sido hasta ahora, es una aberración. Encontrar la salida inteligente que cumpla con todos los requisitos de transparencia y buen uso de los recursos públicos es el reto que tienen frente a sí los diputados.(diego.petersen@informador.com.mx)
