Vuelve la discusión sobre la prisión preventiva. El tema pasará por la Corte y si no sucede algo en los próximos días estará a discusión su constitucionalidad o, dicho de otra manera, si este mecanismo de justicia expedita viola los principios básicos de presunción de inocencia y derecho al debido proceso. Hay dos problemas de fondo con la prisión preventiva: uno es cultural, pues pensamos que justicia y cárcel son sinónimos, y otro es institucional, ya que si no es con este mecanismo nuestro sistema de procuración de justicia no procesa judicialmente ni a su sombra: 85 de cada 100 personas presas en los últimos años están por este mecanismo y no por una investigación judicial.Si los mexicanos pensamos que hacer justicia es meter a la gente a la cárcel es porque no hemos desarrollado los procesos de penas alternativas. Son pocos y recientes los institutos de justicia alternativa de los estados. Y aunque que cada día funcionan mejor, están muy lejos de donde deberían estar y del servicio que deberían prestar. Hoy por hoy la “justicia”, así entre comillas, pasa por la cárcel y los reclusorios están repletos de personas a la espera de un juicio.El otro lado de la moneda de la prisión preventiva es la puerta giratoria, delincuentes que apenas han sido detenidos ya están en la calle porque no hay manera de procesarlos en un sistema viciado y maltrecho de origen. Desde policías incapaces de llenar correctamente un reporte policial homologado -comenzando por la Guardia Nacional- hasta ministerios públicos, secretarios y jueces corruptos dispuestos a encontrar cualquier resquicio para no procesar a un presunto delincuente.La prisión preventiva, con su catálogo ampliado durante este sexenio, no ha servido para tener un mejor sistema de justicia ni mucho menos para reducir la violencia y perseguir eficientemente el delito. Su función ha sido llevar a la cárcel de manera expedita y sin juicio a funcionarios que de otra manera tendrían que llevar su causa en libertad. El problema es que para que los políticos tengan un arma para perseguir a sus enemigos y presumir con elocuentes fotografías que hacen justicia y persiguen la corrupción hay miles de personas que van a la cárcel sin que exista una verdadera investigación. En muchos casos pasarán más tiempo en prisión esperando su juicio que el promedio de años de penas que contempla el delito por el que se les acusa.Si queremos construir un país con justicia y Estado de derecho el camino no es ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, sino aumentar las capacidades de nuestras policías, fiscalías y el Poder Judicial. No es brincándonos la Constitución con normas que otorguen poderes extraordinarios a nadie, sino construyendo instituciones sólidas como vamos a logar una justicia que sea confiable y para todos.diego.petersen@informador.com.mx
