A mediados de mayo llegó al gobierno mexicano un extrañamiento de Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con México. El requerimiento obedecía a que revisen la supuesta “negación de derecho de libre asociación y de la negociación colectiva” a los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, en Guanajuato. Lo mismo sucedió con el sindicato más grande de Estados Unidos, la AFL-CIO, que denunció que a trabajadores de la planta de autopartes Tridomex en Matamoros se les estaba negando sus derechos laborales en ese sentido. La respuesta verbal inmediata fue enviada por el mismo presidente López Obrador, durante una mañanera, quien dijo que “el compromiso es recíproco”, haciendo referencia al trato que reciben los trabajadores agrícolas mexicanos al norte del río Bravo.A diez meses de ponerse en marcha el nuevo acuerdo comercial, surgen las primeras diferencias que muchos especialistas en el tema habían anticipado. En Washington las limitaciones de derechos laborales -en esos casos- lo ven como abuso y violacion de los derechos de los empleados, que es un nicho que es muy claro en el tratado. El T-MEC fue diseñado precisamente para proporcionar más poder a los trabajadores y exigir mejores salarios, a la vez que está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo.Esto es sin duda es una piedrita más en las delicadas relaciones comerciales que se tiene actualmente con el vecino y el tema volvió a salir a flote cuando Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), insistió en que México también “debe promover las denuncias a las prácticas inadecuadas -con los trabajadores mexicanos- que se hagan en Estados Unidos”. Dijo que hay “abundancia de abusos” en los campos agrícolas y eso hay que documentarlo y dejarlo saber.Contrasta mucho la posición del CCE -respecto a la percepción sobre el aprecio a los trabajadores mexicanos, aunque los abusos existen-, a la que tienen algunos sectores en Estados Unidos, donde la misma semana pasada decenas de empresarios han iniciado una campaña para presionar a congresistas que se oponen a la reforma migratoria, para que se le de curso -aunque sea a una parte de la propuesta- y se permita que millones de trabajadores indocumentados laboren legalmente y hagan el trabajo que muchos estadounidenses no quieren llevar realizar, como sucede en los campos agrícolas, así como los trabajos pesados en fábricas y en la industria de la construcción. Muy de acuerdo con el CCE en que se deben denunciar las irregularidades laborales que sufren nuestros trabajadores del otro lado de la frontera, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es con la posición y mentalidad asumida cuando Carlos Salazar se refirió al número de incumplimientos en algunas cláusulas que hasta el momento hay contra de México. “El que tengamos dos denuncias no son todavía una situación. No nos debe alarmar”. Claro que nos debe alarmar, hay que tomarlo muy en serio y no tenemos que esperar hasta que se acumulen las quejas para poder actuar y corregir. Debemos ser responsables y trabajar bajo las reglas del tratado comercial cuando exista una sospecha de irregularidad o denuncia, y no dejar las cosas al estilo clásico del ¡...ay pal otra!. ¿Usted, qué opina?.daniel.rodriguez@dbhub.net
