El simbolismo que guarda el retiro de un antimonumento, particularmente el del “halconazo” tapatío del 5 de junio (5J) de 2020 del Centro tapatío, tiene una connotación grandísima. Porque, al hacerlo, la autoridad actuó como la delincuencia.Para hacerlo sin que hubiera altercados, el que da las órdenes exigió que todas las luces de la Plaza de Armas se apagaran. Para evitar obstáculos, el 5J fue retirado por personal sin uniforme cuando ya no había nadie presente de los colectivos y, como cereza del pastel, nada sabemos del destino que dieron a la estructura de más de tres metros de alto.Cuando un funcionario público rinde protesta, en el rango y posición que sea, garantiza que cumplirá y hará cumplir la ley. Eso es lo último que ocurrió la noche del 5 de junio.Si realmente hay que solicitar permisos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para instalar cualquier monumento en el primer cuadro de la ciudad más grande de Jalisco, el tótem de Guadalajara-Guadalajara se habría ido desde que llegó. En cambio, el que da las órdenes no sólo lo mantiene ahí, sino que exige que se limpie de fichas de búsqueda de desaparecidos cada vez que los colectivos los llenan de imágenes de quienes son buscados por sus seres queridos.Dicho como se debe: ejercer un acto de autoridad se hace de frente y a la luz del día. ¿O cuántos desalojos se ejecutan por la madrugada? ¿Cuántos apercibimientos se entregan después de que el Sol se oculta?En cualquier sociedad que presume de vivir bajo un Estado de Derecho, la ley se hace respetar. Si de plano era un agravante para la estética del Paseo Fray Antonio Alcalde, una cuadrilla de funcionarios pudo llegar, papeles en mano, a explicar a los manifestantes por qué no les era posible instalar una estructura en un espacio público.Por supuesto que iba a haber rechiflas, pero la ley es la ley y el Estado de Derecho se aplica de inicio a fin. La mejor prueba de esto está en la estrategia que siguió la administración pasada para recuperar Colomos III: con abogados, carpetas, números de expedientes públicos y, especialmente, argumentos legales.Eso no ocurrió con el antimonumento del “halconazo” tapatío. En cambio, los gobiernos del Estado y de Guadalajara, que se repartieron las culpas para que el segundo asumiera su porcentaje de costo político que ya le toca, demostraron una enorme falta de tacto jurídico.¿Acaso costaba mucho que una regidora o regidor del Ayuntamiento pidiera ante el pleno que se permitiera su instalación? Como mensaje, esa simple acción habría mostrado empatía y sería bien vista por las personas que fueron privadas de su libertad por personal de la Fiscalía hace ya tres años. Incluso por sus familias.Pero no: quítenlo de noche y apaguen todo para que nadie vea.En la indolencia que cada vez se disimula menos, el que da las órdenes hizo lo que sabe: reducir a un “absurdo” una protesta legítima. Una protesta que, precisamente, nace de un absurdo: del absurdo de que la Policía Investigadora sea quien te detenga y encierre para evitar que protestes.
