Existen dos problemas que han marcado a nuestro país por décadas y que ningún gobierno ha podido erradicar: la violencia y la corrupción. Ambos casos, son el resultado de la complicidad entre políticos y criminales. De la violencia he hablado mucho en este espacio, por lo que hoy me concentraré en el problema de la corrupción.Los escándalos de funcionarios corruptos presentes en todos los partidos políticos y en todos los niveles de gobierno envilecen el ejercicio del servicio público. Aunque México subió seis lugares en el ranking 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, aún sigue siendo el país peor evaluado entre los países de la OCDE y está a la par de países como Kenia, Kirguistán y Pakistán.Este grave problema, es fruto de la mezquindad y traición a la función pública por parte de quienes la ejercen. Sin embargo, no puede ser visto como un asunto solamente de individuos sino es importante analizarlo como un problema de elementos estructurales que son sostenidos por la concentración de poder, discrecionalidad, ausencia de controles, la impunidad y, también, por la tolerancia social.La concentración del poder, impide que exista un adecuado equilibrio de poderes. Si desaparecen los mecanismos de pesos y contrapesos, las instituciones dejan de rendir cuentas pues la inexistencia de frenos provocan un ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas. Los recientes casos del Gobernador García Cabeza de Vaca y la defensa que realizaron los diputados locales de Tamaulipas para evitar su desafuero o la dilación en el proceso de desafuero del exdiputado federal Mauricio Toledo, son ejemplos de los riesgos de la pérdida de contrapesos.La discrecionalidad y ausencia de control, contraria a la transparencia y al fortalecimiento de los Sistemas Anticorrupción, tienen el objetivo de ocultar a la ciudadanía los motivos, razones y destino que se le da a los recursos públicos. Los casos de corrupción de los exgobernadores de apellido Duarte en Veracruz y Chihuahua, y las compras de propiedades chatarra como el caso de Pemex en el periodo de Peña Nieto, son causados por la asignación directa de recursos y la creación de empresas fantasmas.Aunque existen esfuerzos aislados para que los Sistemas Anticorrupción funcionen, tanto a nivel federal como estatal, continúan con puestos vacantes, con pocos fondos y sin apoyo político, por lo que siguen sin alcanzar su potencial.Para que no haya impunidad, se debe abordar el tema de la corrupción desde una perspectiva de responsabilidades institucionales, incluyendo las partidistas y empresariales. No es eficaz convertir los procesos de corrupción en asuntos de índole individual cuando todo el sistema participa, permite y promueve la corrupción. Conocer las causas en las que se dieron los hechos, permite hacer las adecuaciones legislativas e institucionales como medidas de no repetición en la reparación del daño a la nación.El estudio “Fiscalías Anticorrupción. Un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre autonomía y resultados” publicado este año por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, indica que el 99.8% de las denuncias por corrupción en México quedan impunes. Si no hay consecuencias por ser corrupto no sólo continuará siendo un buen negocio, sino aliciente para su perpetuación.Cada día conocemos nuevos de corrupción, pero pareciera que no aprendemos nada de ellos. La tolerancia social, hace que nos concentremos en la comunicación política y en las primeras planas de los diarios, perdiendo el seguimiento de los procesos, las sentencias y los cambios que pudieran generarse.En este contexto, toleramos que, durante 2020, el gobierno federal continuó realizando adjudicaciones directas por 205 mil 195 millones de pesos, representando el 43% del monto de lo contratado en todo el año, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El mismo Instituto denunció que, entre 2018 y 2020, el gobierno federal adjudicó más de 4,000 millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato. Continuando las prácticas de los sexenios pasados y dejando abierta la puerta a nuevos casos de corrupción.
