El caso del jugoso e inmerecido contrato de la ex conductora de televisión, Eli Castro, como asesora técnica del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por el que recibía 73 mil pesos mensuales, que es sólo un botón de muestra que obliga a hacer toda una revisión de las nóminas públicas, se le sigue complicando a las autoridades.En la Contraloría estatal, con la lentitud que les caracteriza, apenas ayer aseguraron que sí habrá sanciones contra quienes resulten responsables de esta contratación, a casi un mes de que se conoció del caso.Ahí pasan los días y las semanas en lo que definen en esa dependencia (que pronto asumirá las tareas del Instituto de Transparencia en proceso de extinción), si el que la contrató cometió o no una falta grave, y definir si se le inhabilita o se le manda al Tribunal de Justicia Administrativa, donde, por cierto, les perdonaron la sanción a los funcionarios de la Secretaría de Administración, a los que la Contraloría les encontró irregularidades en la contratación del multimillonario programa “A Toda Máquina”, de inicios del pasado Gobierno estatal de Enrique Alfaro. Caso que, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción decidió reservar sin una justificación convincente.En lo que si tiene razón la contralora Teresa Brito, quien fue ratificada por tercera vez en el cargo de forma consecutiva en las últimas tres administraciones, es que, en el caso de Eli Castro, como en otros similares que seguramente existen en dependencias de los tres niveles de gobierno, hay toda una “cadena de responsabilidades” que se tiene que analizar por el Órgano Interno de Control del SIAPA.Esa cadena de responsabilidades, de hecho, deberá llevar a la Contraloría estatal y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), no solo a investigar en el SIAPA, sino a revisar también el contrato que Castro celebró el sexenio pasado con el entonces titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida, quien ahora es el director del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), al que me referí aquí a principios de este mes.En ese contrato de prestación de servicios profesionales firmado el 01 de abril de 2019, se establecía en la cláusula tercera, que la firmante debía entregar informes mensuales de sus actividades ante esa Secretaría, e incluso de ser así requerido, ante el titular. Mi colega José Toral pidió vía la Ley de Transparencia esos informes a la Secretaría de la Hacienda Pública, y el 10 de julio pasado le contestaron que no contaban con esos “reportes de actividades” debido a que la contratada desempeñaba sus labores en la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), por lo que, de entrada, la cadena de responsabilidades por el caso Castro, ya llegó a esta Secretaría, a Pensiones y a Puente Grande.jbarrera4r@gmail.com
