«¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto Fiscal?». Tras varios intentos, renuncié a comprender a fondo el significado y alcance de esta pregunta que a partir del sábado formulará el gobierno a los jaliscienses. Mi incomprensión continúa si acudo a la versión “infantil” elaborada para que respondan menores de entre 7 y 17 años: «¿Estás de acuerdo en que se revise cada seis años la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del Pacto Fiscal?» En verdad, ¿comprende un niño de 7 años qué es el pacto fiscal, qué son los impuestos o la diferencia entre federación y estado?Esta consulta durará cuatro fines de semana y llevará a cada rincón del estado una pregunta que no comprende un niño ni asimila un adulto con posgrado. El gasto resulta todavía más incomprensible. En septiembre, el IEPC Jalisco presupuestó el ejercicio en 22.5 millones de pesos. La semana pasada lo incrementó a 25.8 millones y ayer finalmente subió a 29.2 millones (cinco millones más que la elección extraordinaria de Tlaquepaque). Todo este dinero para instalar 970 centros de votación y urnas electrónicas, el despliegue logístico de 600 trabajadores eventuales, vehículos, gasolina, celulares, alimentos, viáticos. El último incremento en el costo obedece a la petición del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco (órgano encabezado por funcionarios estatales) para duplicar de 100 a 200 las urnas permanentes en el Área Metropolitana de Guadalajara. La pregunta, entonces, que debemos (y podemos) responder no es la planteada en la consulta sobre el pacto fiscal. Sino una pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué?Para qué si el Congreso estatal está impedido para cambiar la fórmula de distribución del dinero a las entidades y carecemos de un modelo de recaudación local. Para qué si lo que propone el gobernador exige cambios a leyes federales y a la Carta Magna, alejado de sus competencias, por lo que resulta un ejercicio en el vacío. ¿Para qué entonces? Recordemos el origen de esta idea: surgió como un desafío de Enrique Alfaro al Presidente Andrés Manuel López Obrador por el recorte presupuestal a Jalisco. La operación política de todas las secretarías de estado para impulsar el ejercicio, el dinero visible y oculto para movilizar bajo amenaza a burócratas de la metrópoli persigue un fin: convertir una herramienta ciudadana en un costoso instrumento propagandístico del gobernador que envíe un mensaje a Palacio Nacional. Un desplante autocrático bañado de retórica justiciera sin efectos a favor de Jalisco.
