Los síntomas de pudrición de la Legislatura 62, de mayoría naranja, habían aparecido desde antes de cumplir su primer año de gestión cuando se montaron en el tobogán del desprestigio y empezaron a degradar aún más y como nunca la figura y función de las y los diputados. Pasarán a la historia por ser los que revivieron los “apoyos económicos” y bonos sin que estuvieran presupuestados; los que incrementaron la nómina para marcar al Congreso de Jalisco como uno de los más caros e ineficientes del País; por lavar cuentas e ignorar cargos hechos por la Auditoría Superior a decenas de ayuntamientos y dependencias; por permitir y autorizar el mayor endeudamiento estatal de la historia; por hacer comparecencias a modo para proteger a funcionarios del gobierno estatal; y por perpetuar en las designaciones públicas la lógica de los cuates y las cuotas.Por eso no sorprendió el obsceno espectáculo que dieron la tarde del jueves y la madrugada del viernes, cuando aprovecharon que la ciudadanía que dicen representar dormía, y cual si fueran ladrones, perpetrar el atraco de tres posiciones en el Consejo de la Judicatura.La imposición de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, de Ivan Novia Cruz y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los dos primeros cercanos al gobierno alfarista y la tercera prometida por los emecistas al PAN), impulsada principalmente por las y los diputados de MC y del PAN, que obligaron un acuerdo para ignorar el requisito de lograr al menos 80 puntos en el examen, dejó como se temía, en una burda simulación más la convocatoria, con la que en teoría llegarían al Consejo de la Judicatura los mejores perfiles profesionales, con trayectoria y competencias probadas, así como una reputación intachable.En lugar de este escenario de legalidad y meritocracia prometido, lo que se vio la madrugada del viernes en el Congreso fue una ilegal y cínica maniobra para cumplir con estas designaciones acordadas previamente y en la obscuridad, ahora sí que de los sótanos del poder (como dice el nuevo clásico), entre MC y el PAN.Esta afrenta no sólo ofende a los 67 hombres y mujeres que creyeron en la promesa de la Legislatura 62 que habría piso parejo y criterios claros y que atendieron la convocatoria; al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que evaluó los perfiles; y a las universidades que participaron en el diseño del examen y se les culpó de hacerlo mal, como coartada para poder cometer el asalto, sino es una ofensa y una burla inadmisible a la población de Jalisco. Desde cualquiera de estas instancias tendrán que venir las acciones y las protestas para revertir estos viciados nombramientos, para evitar que estos procesos fraudulentos se den en las próximas designaciones públicas que vienen del Poder Judicial, del Instituto de Transparencia y del SEA. Estos mediocres nombramientos pudrirán también aún más el Supremo Tribunal de Justicia, por lo que su presidente Ricardo Suro, también debería pronunciarse en contra del desaseo y del desprestigio con el que llegan las y el nuevo consejero, y exigir que se reponga el proceso. Nadie puede quedarse cruzado de brazos en la tarea de recuperar un Congreso putrefacto.jbarrera4r@gmail.com
