Establecido desde 1986 durante la presidencia de Ronald Reagan, el proceso de certificación que los gobiernos de Estados Unidos se autoasignan para evaluar las políticas de combate al narcotráfico de los países, especialmente de los latinoamericanos, fue siempre polémico en el caso de México, por el rechazo de muchos sectores que lo ven como una medida intervencionista y una amenaza a la soberanía nacional.Los debates más intensos se dieron desde su inicio hasta el 2002, que aunque México lograba la certificación, muchos congresistas reclamaban que se tratara con más rigor a las autoridades mexicanas por los escándalos de corrupción y complicidad entre algunas figuras de la clase política y corporaciones policiales y militares con el narcotráfico, que quedaron evidenciados con el episodio del secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, en Guadalajara.En los últimos gobiernos de Estados Unidos, especialmente durante la gestión de Barack Obama, este mecanismos quedó prácticamente desactivado como instrumento de presión, por lo que no es cosa menor la amenaza del jueves pasado de Donald Trump de incluir a México en la lista de 22 países que podrían ser “descertificados” el 1 de marzo del año próximo por incumplir compromisos internacionales en el combate al narcotráfico.El planteamiento del gobierno de Estados Unidos es puntual. Quieren que en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensifique esfuerzos en la erradicación de amapola, los procesos judiciales, la confiscación de bienes, reducir la producción de heroína, de fentanilo, y en general mejorar la estrategia integral del control de drogas.Más allá de que Trump perfile el tema de la “certificación” como una nueva coartada de amago a México para quedar bien con su base electoral en su campaña en marcha por la reelección, como ya lo hizo cuando amenazó con imponer aranceles si no se reducían los flujos migratorios hacia su frontera sur, ojalá esta exigencia haga reaccionar al gobierno de AMLO que pese a la creciente crisis de violencia e inseguridad provocada por las mafias, sigue sin considerar ese tema como una prioridad.En ese sentido, aunque pareció adecuada la respuesta del gobierno mexicano que se hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de forma inmediata, al plantear que el combate de las drogas es un tema regional que implica a todos los gobiernos, y a exigir mayor control en la comercialización y tráfico de armas de alto poder que vienen de Estados Unidos y quedan en manos de los grupos delincuenciales, es a todas luces insuficiente para enfrentar el innegable poder e impunidad con que se siguen moviendo en México los capos del narcotráfico, aunque insistan en que no van a declararles la guerra.Porque lo que debe quedar claro es que en Estados Unidos no les convence para nada la especie de “Pax Narca” que en los hechos ha aplicado el gobierno de la 4T de diciembre a la fecha. Ni a muchos mexicanos que padecen la violencia y la devastación de sus comunidades por la depredación de las mafias delincuenciales.jbarrera4r@gmail.com
