En los últimos días, científicos y académicos que fueron acusados por el gobierno federal de delincuencia organizada, han sido citados a declarar en calidad de imputados, a las oficinas de la fiscalía encargada de combatir a las bandas criminales del país. Según los documentos en nuestro poder, desde el pasado 30 de septiembre la FGR citó a declarar, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a varios de los 31 científicos que han sido acusados de delincuencia organizada. Según fuentes con acceso al caso, entre quienes recibieron el citatorio se encuentran al menos Julia Tagueña Parga, Gabriela Dutrenit, José Franco, Rafael Pando, María Dolores Sánchez y Patricia Zúñiga, quienes forman parte de un grupo de 31 científicos, académicos y funcionarios a los que las autoridades acusan de corrupción y delincuencia organizada, y cuyo caso ha despertado indignación y solidaridad en México y otros países, El citatorio solicita que acudan a declarar, en calidad de imputados, a las oficinas de la FEMDO, en Paseo de la Reforma 75, en la Ciudad de México, en los primeros días de octubre. De acuerdo con el citatorio oficial, el objeto de la declaración es esclarecer los hechos de que se les acusa y que son de conocimiento de la Fiscalía. Se desglosan también los derechos de los imputados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los cuales destaca el derecho a una defensa legal y el acceso a la carpeta de investigación, a la cual hasta ahora no han tenido conocimiento, según han denunciado públicamente. A pesar de que la FGR ha dicho que no se trata de una persecución contra la comunidad científica, la decisión de actuar contra los científicos y los delitos que les imputan ha sido criticada profundamente como una medida desproporcionada de aplicación de la justicia. Especialmente en un país en el que el presidente López Obrador se refiere con candor y respeto a los más peligrosos líderes de cárteles del narcotráfico y a la vez, tiende un manto de impunidad sobre las sospechas de corrupción que llegan a su círculo familiar: dos de sus hermanos fueron videograbados recibiendo dinero en efectivo de manera clandestina, y diciendo que ese dinero era para la campaña política del hoy presidente de México. La exhibición pública de este flagrante doble rasero -suavidad para capos y familia, rudeza para científicos- no ha hecho al gobierno dar marcha atrás ni enmendar su propósito. No sólo han sido citados a declarar como imputados, sino que en la recta final de la semana pasada, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, defendió vehementemente en redes sociales la actuación de la Fiscalía General de la República (que se supone autónoma e independiente) contra los académicos por presuntos desvíos y mal uso de recursos públicos, perdiendo el foco sobre el punto central: el uso desproporcionado y desigual de la fuerza del Estado, y el innegable hecho de que esta persecución responde también a la venganza personal del fiscal general, Alejandro Gertz, por el rechazo de la comunidad académica a que él tenga los méritos para haber sido incorporado a la selecta lista de los académicos del más alto nivel del país.
