Obligada por la presión social generada por las revelaciones del campo de entrenamiento y centro de exterminio en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, en marzo de este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió rondas de diálogo con representantes de colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, a través de la Secretaría de Gobernación.En las distintas reuniones iniciadas en abril de este año, la titular de Gobernación se reunió con más de mil representantes de 450 colectivos de familiares de todo el país, en 84 mesas de diálogo en las que se recabaron al menos 570 propuestas para modificaciones a las leyes relacionadas con la desaparición de personas. Aunque fuera bajo presión social, es loable que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum aceptara escuchar a las familias. Son las madres y padres buscadores quienes más conocen y saben lo que es necesario para mejorar la búsqueda de sus hijos.Pero se corre el riesgo de que esa buena intención de escuchar a las familias buscadoras termine, otra vez como en el pasado, en mera simulación y, peor aún, en justificación para modificar ciertas leyes que ampliarían las capacidades de recopilación de información de los ciudadanos, que podrían ser usadas con fines de espionaje, seguimiento o persecución de personas de este país.La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el pasado 23 de junio que, tras los foros realizados con colectivos, presentarían 30 propuestas de modificaciones a 23 artículos de la iniciativa que envió en marzo la Presidenta Claudia Sheinbaum, con reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.Al detallar cuáles serán las iniciativas que se enviarían al Congreso de la Unión para fortalecer la política contra las desapariciones, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, explicó que entre los cambios se contemplan propuestas presentadas por las familias organizadas, como definir los protocolos que deberán incluir planes de seguridad y protección para las familias; que toda autoridad que reciba un reporte de desaparición debe registrarlo de inmediato y las fiscalías completar sin demora el registro, así como ordenar diligencias y entregar el número de carpeta a familiares.Pero un tema que ha generado gran polémica es el anuncio de una Plataforma Única de Identidad, que tendrá todos los datos de los ciudadanos del país y que incluye la expedición de una Clave Única de Registro de Población (CURP) que incluirá la entrega de datos biométricos. Además, contendrá “también con los registros administrativos de servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos y de toda institución privada con bases de datos de personas” (La Jornada, 27 de junio). Esta información será administrada por la Agencia de Transformación Digital.Esta controvertida decisión ya fue criticada por diversos colectivos. En un pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ y la Unión y Red Nacional de Búsqueda señalaron que, a su parecer, la iniciativa tiene como objetivo “imponer un sistema de vigilancia masiva (la Plataforma Única de Identidad) que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”.Junto con los cambios a las leyes relacionadas con la búsqueda de desaparecidos, los diputados federales de Morena y partidos aliados también aprobaron la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que -según la Red3D (de derechos digitales)- también incluye ordenamientos de la Plataforma Única de Identidad, que interconectará toda base de datos o registro público y hasta privado y permitirá su acceso “en tiempo real”. Esto incluye información de datos biométricos, telefónicos, fiscales, bancarios, de salud, transporte. Según los diputados del bloque oficialista, esta información estará resguardada y no podrá darse a conocer salvo un ordenamiento jurídico. Suena muy bien, pero ya sabemos cómo se usa la información oficial en México, como el caso del padrón electoral que podía comprarse en un tianguis de la Ciudad de México.Por eso, otro conjunto de más de cien colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos están planteando al Senado de la República que convoque a sesiones de parlamento abierto para que se discutan los cambios propuestos. No puede avanzarse en la búsqueda de los desaparecidos aumentando las capacidades de espionaje del Gobierno mexicano.rubenmartinmartin@gmail.com
