El ex candidato presidencial republicano Mitt Romney hizo público el viernes pasado su candidatura al Senado de los Estados Unidos representando al estado de Utah, reemplazando al veterano senador Orrin Hatch quien anunció su retiro a principios de año después de más de dos décadas de servicio público.El empresario y ex gobernador de Massachusetts tiene su elección prácticamente en la bolsa ya que durante las elecciones presidenciales de 2016 Utah fue dominado por el Partido Republicano, sin embargo, sus políticas pro inmigración y ataques al presidente no garantiza votos para la administración actual.En caso de ser electo, Romney tiene una oportunidad inmejorable para buscar unidad entre partidos dentro del gobierno para poder operar y legislar de manera consciente. Mitt Romney ha estado presente en la política americana desde más de una década pero es más recordado por haber fracasado en su campaña por la oficina oval en contra de Barack Obama en 2012 donde sus críticas a los seguidores del presidente, le valieron el ser considerado un candidato elitista, sin embargo, la plataforma con la que el nativo de Detroit, Illinois, pero residente de Holladay, Utah, busca competir por la silla en el Senado está cimentada en el beneficio de los ciudadanos americanos que viven lejos de las grandes urbes y dependen de programas sociales que la administración de Donald Trump busca eliminar, Mitt aprovecha la división que ha generado esta Casa Blanca respecto a la situación que enfrentan los migrantes en Estados Unidos para promover unidad y respeto entre las comunidades.Para el Partido Republicano este puede ser el caballo de troya que cambie la narrativa divisiva que circula en la administración actual y un verdadero aliado dentro del Senado a los derechos de no solo sus constituyentes, pero el pueblo en general. Las elecciones al Senado de un estado no deberían de ser motivo de seguimiento o análisis, pero con las propuestas que pretende empujar el gobierno actual, los votos dentro de la cámara más importante del congreso es la última frontera con la oportunidad de parar o diseñar reformas que pueden impactar en el largo plazo la economía o forma de vida de nuestros vecinos y por consecuencia la de los mexicanos.
