A la administración de Aristóteles Sandoval le estamos contando las horas y todavía faltan un mes y 13 días. Muchos son los temas que van a quedar pendientes para la siguiente gestión gubernamental, la de Enrique Alfaro Ramírez: inseguridad (naturalmente), transporte público, obras inacabadas, mayor infraestructura y un largo etcétera.Todo cabe, porque a fin de cuentas, la gestión alfarista se propone una refundación en Jalisco y van en serio. El gobernador electo lo ha reiterado y sostiene que no se trata de un discurso electoral, sino de un proyecto que a pesar de resistencias y cuestionamientos, será realidad oportunamente.Por eso resulta extraño que el siguiente mandatario de Jalisco se haya reunido con el personal del Supremo Tribunal de Justicia y se comprometiera públicamente a respetar la autonomía de éste, uno de los tres poderes del Estado. Incluso, habló de apoyar la creación del presupuesto constitucional, que se ha empujado durante años sin ningún éxito, para que el Poder Judicial administre los recursos que automáticamente recibiría cada año, sin necesidad de negociar con el gobernador en turno o depender de acuerdos.Y es extraño porque esa posición conciliadora no apunta a una refundación, sino todo lo contrario: a la prolongación de un estatus que ha permitido en el Poder Judicial todo tipo de vicios, construcción de alianzas cupulares y la literal repartición de espacios entre parientes, amigos y aliados.¿Hay que recordar todas las ocasiones en las que ha quedado probado que la elección de nuevos cargos en el Poder Judicial se atiene a una repartición entre las fuerzas políticas dominantes?El discurso de hace unos pocos meses era mucho más enérgico que el de respeto a la autonomía: el actual presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, en su papel como coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, anunciaba un proyecto que no terminó de cuajar: una reforma integral en el Poder Judicial para transformarlo de raíz, para eliminar los vicios y generar la oportunidad de que, después de décadas de corrupción, finalmente se administrara la justicia en Jalisco con apego a las leyes.El antecedente de la mancha más profunda en el pasado inmediato del Poder Judicial es la de Luis Carlos Vega Pámanes, ex magistrado y ex presidente del Supremo Tribunal, obligado a dejar el cargo por la vía política (10 de noviembre de 2016), después del escándalo de influyentismo que denunció el entonces comisario tapatío y hoy diputado coordinador de MC, Salvador Caro Cabrera.Pero además, la administración del actual gobernador pasará a la historia por la presencia del padre del mandatario, el magistrado Leonel Sandoval, que encabeza un grupo de influencia dentro del mismo Supremo Tribunal.El concepto de refundación propuesto en campaña por Enrique Alfaro, ¿no incluía eliminar todas estas prácticas?El Poder Ejecutivo ha estado durante los últimos sexenios bajo el escrutinio y la crítica de la sociedad. Si no fueron posibles los cambios de fondo por la vía de la denuncia, se hicieron con el voto de castigo. El Poder Legislativo también ha estado sujeto a la constante revisión y crítica hasta extremos escandalosos. El único de los tres poderes que ha resistido el cambio es el Judicial.¿Vienen otros seis años sin cambio?
