Tarde, muy tarde, los diputados del Congreso de Jalisco les cumplieron a las miles de familias que tienen desaparecidos para aprobar la Ley de Personas Desaparecidas de acuerdo al mandato derivado de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares, en cuyos artículos transitorios se ordenaba a los poderes legislativos locales crear leyes estatales desde julio de 2018.De tal modo que la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco llega con un retraso de 31 meses. Su aprobación se la debemos a la tenacidad de las organizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos, tales como Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej). Gracias a estas familias organizadas que buscan a más de 11 mil 800 desaparecidos en Jalisco y a organizaciones de la sociedad civil de Jalisco y del país que las acompañan los diputados del Congreso local por fin aprobaron esta legislación el pasado jueves 25 de febrero.De acuerdo a familiares de los colectivos, integrantes de agrupaciones como Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), los propios legisladores locales o incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la legislación aprobada cuenta con los más altos estándares en la materia y se le considera una ley de vanguardia.Según ONU-DH, tanto la Ley de Personas Desaparecidas como la Ley de Declaración Especial de Ausencia, aprobada una semana antes, están entre “las más garantistas entre las legislaciones en estas materias actualmente vigentes a nivel nacional”.Entre los puntos que se destacan de la Ley de Personas Desaparecidas están la obligatoriedad para las dependencias encargadas de buscar, trabajar de manera coordinada.Hasta antes de la aplicación de esta ley no son pocos los familiares que buscan a un ausente quienes denuncian que no hay coordinación ni cooperación entre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Otro punto relevante que puede coadyuvar a cambiar el trato hacia las familias víctimas de desaparición es que habrá sanciones a los servidores públicos que no cumplan con su obligación de atender las denuncias y de iniciar la búsqueda en el momento y con presunción de vida. Aunque la ley no o garantizará, se espera que la amenaza de sanciones obligue a los funcionarios a dar un trato más digno y expedito a las familias que están reportando una desaparición.Un punto relevante es que por fin esta ley obliga a los gobiernos de cada municipio a crear unidades municipales de búsqueda, coordinarse con las instancias estatales y brindar acompañamiento en las búsquedas que lleven a cabo los propios familiares. La oficina de ONU-DH en México también destacó que la Ley de Personas Desaparecidas elimina la categoría de “persona no localizada” y obliga a las autoridades de iniciar la búsqueda e investigación al momento de la denuncia, reporte o noticia. Finalmente, se destaca que la ley instruye al gobierno estatal a crear registros estatales de desaparecidos, de fosas y personas fallecidas y no identificadas. Pero sin voluntad política, empatía con los desaparecidos y sus familias y sin recursos humanos y materiales suficientes, ninguna ley por más de vanguardia que sea, podrá detener el flagelo de las desapariciones y las violencias que les acompañan como son asesinatos y los enterramientos clandestinos. Pero así como los diputados no sacaron solos estas leyes, las dependencias encargadas de buscar a los desaparecidos no trabajarán coordinada y eficazmente sin la presión de las familias y del resto de la sociedad. Es tiempo ya de detener esta cara dolorosa y brutal de la guerra que son las desapariciones. Qué bueno que ya hay ley, ahora lo que toca es #HastaEncontrarlos. rubenmartinmartin@gmail.com
