Sábado, 18 de Enero 2020
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- “Pero, ¿qué necesidad…?”

Por: Jaime García Elías

- “Pero, ¿qué necesidad…?”

- “Pero, ¿qué necesidad…?”

“Las cuentas claras… y el chocolate espeso”, decían las abuelas de antes…

Las cuentas claras: 116 senadores votaron para designar presidente (o presidenta) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; hubo 76 votos a favor de Rosario Piedra Ibarra; para alcanzar la “mayoría calificada” -dos tercios del quórum- que la ley establece, necesitaba 77; ergo, le faltó un voto. Así de simple… Perderse -deliberadamente- en un chapucero laberinto de vericuetos dialécticos para eludir la conclusión de que lo conducente era reponer el proceso -en lo que inicialmente parecía haber consenso-, derivó en el espectáculo que compitió, el martes, con el enfrentamiento callejero, no entre policías y delincuentes, sino entre elementos de dos corporaciones policíacas: el bochornoso zafarrancho entre los miembros de la (“honorable”, según eso) Cámara de Senadores.

-II-

El “show” de la sesión en que Rosario Ibarra rindió protesta de su cargo, fue vergonzoso: empellones, manotazos, jaloneos…; un senador (Gustavo Madero) derribado por mujeres... Las crónicas tuvieron que tomar prestados vocablos que parecían exclusivos de las campales de lucha libre: jaloneos, trifulca, herradero, camorra, gresca… Los epítetos que intercambiaron los más belicosos miembros de la (“honorable”, reiterémoslo) Cámara Alta -así: con mayúsculas-, por lo consiguiente: cerdos, cochinos, marranos, tramposos, ladrones, defraudadores…

-III-

En efecto: viene al caso la frase célebre de Juan Gabriel: “Pero, ¿qué necesidad…?”.

Si, como con tanta frecuencia se pregona, en México impera el Estado de Derecho (“modelo de orden por el cual todos los miembros de una sociedad están sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente”), se supone que hay recursos jurídicos que esgrimir, procedimientos a los cuales recurrir e instancias a las cuales apelar, para que se determine la validez o nulidad de una decisión colegiada.

Si eso vale para el ciudadano común, vale, con mayor razón, por la trascendencia de las decisiones que se toman en su seno, para las entidades gubernamentales. Cuando los integrantes de un poder legítimamente constituido protagonizan un espectáculo tan lamentable como el que dieron “los senadores” (no todos, por supuesto, pero como los que guardaron la cordura fueron incapaces de prevalecer sobre los que optaron por la brutalidad, la generalización es inevitable… aunque paguen justos por pecadores), la autoridad moral de ese estamento en pleno, y el de cada uno de sus miembros en lo particular, se desmorona.

Duele tener que decirlo, pero cuando los encargados de hacer las leyes se apartan de las mismas, se convierten en delincuentes.

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