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Martes, 19 de Noviembre 2019
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- La verdad

Por: Jaime García Elías

- La verdad

- La verdad

Hay un valor jurídico superior a la presunción de inocencia: la verdad… Lo primero -la presunción de inocencia- se ha convertido en tópico a raíz de algunos escándalos recientes: hace poco, la decisión judicial de someter a proceso en cautividad -y no en libertad- por los delitos que presumiblemente cometió, a la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; más recientemente -el martes pasado-, el accionar de los militares que supuestamente repelieron el ataque de civiles armados, y mataron (ese es el verbo preciso, al margen de las circunstancias en que los hechos hayan ocurrido) a 15 personas. Lo segundo consiste en esclarecer el episodio: tener, hasta donde sea posible, la certeza de que las cosas sucedieron como sostiene el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y despejar toda sospecha de que los soldados se extralimitaron en el uso de la fuerza.

-II-

Si es del dominio público que los índices de impunidad en este país son escandalosos -no llega al 2% la posibilidad de que un delito se esclarezca plenamente y se castigue-, en el caso de las conductas ilícitas (atropellos, violaciones, homicidios…) que se atribuyen a miembros de las fuerzas armadas, la opacidad y la impunidad son aun mayores.

El tema es noticia porque al día siguiente de los hechos ocurridos a inmediaciones de Iguala, Guerrero, un juez dispuso la reaprehensión de siete militares acusados de ejercicio indebido del servicio público, homicidio y/o encubrimiento a raíz de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Los siete habían sido liberados en 2016. También entonces, la Sedena boletinó que un militar resultó herido y 22 civiles murieron a raíz de un enfrentamiento. Tres mujeres testimoniaron que los soldados “ejecutaron” a los civiles que estaban desarmados y se habían rendido. Tal es el sesgo que pretende retomar ahora el juzgador que dispuso su reaprehensión…

De manera coincidente, en el caso de Iguala, las fotografías -difundidas en la prensa, por cierto- en que casi todos los civiles muertos aparecen hacinados en la caja de una camioneta y sólo un par de armas al lado, han generado dudas acerca del supuesto “enfrentamiento”, y de que, como se apresuró a señalar la Sedena, los soldados, en efecto, “aplicaron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en su protección y defensa, en respuesta a una agresión…”, etc.

-III-

Colofón: bien que se haya dicho… pero mejor si se prueba.

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