En diciembre pasado, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), en uno de sus pronunciamientos recurrentes, pidió al Gobierno Federal reconocer que “el país atraviesa por el período más violento de los últimos veinte años”. Igual pudo haber extendido ese período a cincuenta o cien años porque, salvo las revoluciones (la de 1910 o la cristiada de 1926 a 1929), relacionadas con conflictos sociales específicos, o episodios aislados como los de Tlatelolco en 1968, México no había vivido una época tan convulsa como la actual, con el narcotráfico y toda la amplia gama de la delincuencia organizada, por una parte, y la evidente incompetencia de la autoridad para hacerle frente, por la otra, entre sus causas principales.Por supuesto, la respuesta solicitada no se produjo. Las evidencias son tan escandalosas que hacían innecesaria la confesión de parte.-II-En su declaración institucional más reciente, la misma Coparmex aprovechó su capacidad de interlocución para, se diría, intentar enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Su demanda, ahora, consiste en “iniciar una reforma en seguridad pública, que contemple la profesionalización de las policías y atienda y mejore la procuración de justicia”; es decir, algo que debió haberse hecho -diría el paisano- “desde endenantes”…Según la patronal, “el robo de combustible -mediante tomas clandestinas en los ductos- se disparó un 34% durante marzo; en el primer trimestre del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías (un incremento del 581%), y hubo 3,357 robos de mercancías”. Datos más puntuales: el Grupo Lala cerró su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas, “por la inseguridad de la región, disputada por violentos cárteles”; Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, cerró una planta similar en Ciudad Altamirano, Guerrero, “a fin de preservar la integridad y la seguridad de sus empleados”.-III-La patronal solicita (o recomienda… o exige, como quiera verse): 1.- “profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales del país”; 2.- “mejorar la procuración de justicia mediante una Fiscalía autónoma que genere confianza en la población”; 3.- “reformar el sistema penitenciario: cárceles menos costosas y más eficientes, que cumplan con castigar y reinsertar a los delincuentes”.Pese al tono apremiante de las demandas, a nadie escapa que se trata de asignaturas pendientes, que necesariamente se endosarán a la siguiente administración: la que el próximo 1º. de julio, por la noche, más que celebrar su triunfo en las urnas, deberá reconocer… que se sacó el tigre en la rifa.
