Viernes, 29 de Marzo 2024
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- Grotesca realidad

Por: Jaime García Elías

- Grotesca realidad

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Una añeja conseja sostiene que “el delito no paga”… En algún taller, dirigido a jóvenes estudiantes, en Perú, en julio pasado, los internos de un penal aportaban el testimonio de su propia experiencia; referían cómo se vive en el interior de una cárcel “donde solo existe tristeza, amargura, dolor, llanto y desesperación”; lo que significa “estar encerrado todo el día”; donde “duermes como un animal en el piso; donde no existen camas ni baños; sólo un pequeño agujero donde haces tus necesidades”. Por supuesto, la moraleja de aquellos testimonios (“terapia de choque”, denominan a esas prácticas) caía por su propio peso: “No infrinjan la Ley”.

-II-

Sería deseable que los jóvenes, todos los jóvenes pero muy particularmente los jóvenes mexicanos, captaran ese mensaje sin tener que vivir en carne propia experiencias de esa índole. Que encontraran en su entorno pruebas incontrovertibles de que sus legítimas aspiraciones en la vida son factibles mediante el estudio, la preparación, el esfuerzo y el trabajo honrado.

Por desgracia, en determinados entornos sociales sobre todo, sucede exactamente lo contrario. En las extensas zonas del país, de las que es un secreto a voces que están controladas por el cada vez más difundido fenómeno de la delincuencia organizada que ha hecho su modus vivendi de la extorsión, el secuestro, el cultivo y el tráfico de drogas, etc., no hay punto de comparación entre el estatus económico y social que consiguen quienes no tienen reparo en integrarse en bandas delincuenciales, y las carencias -o, de plano, la imposibilidad de conseguir un empleo que les dé acceso a una vida digna- de quienes optan por respetarlas.

-III-

Antes era, simplemente, la incompetencia de la Autoridad; la insuficiencia de sus recursos para enfrentar el delito. Ahora es la declaración expresa de que la Autoridad renuncia virtualmente a su compromiso legal, moral y social de ejercer la fuerza, en la medida adecuada y pertinente, para “cumplir y hacer cumplir las leyes” combatiendo al delito y persiguiendo al delincuente.

Detrás de esa pasividad están las escandalosas cifras de la impunidad, con tasas cercanas al 98%; y, además, la grotesca realidad de los penales: lejos de ser, como se pretende y se pregona, “centros de readaptación social”, son universidades del delito y asiento de bandas delictivas, en los que la extorsión forma parte del sistema y el “autogobierno” es la regla.

¿Cómo predicar, en esas circunstancias, que “el delito no paga”, si los hechos parecen probar exactamente lo contrario…?

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