Es probable que en México todos los presidentes y en Jalisco todos los gobernadores, hayan pretendido serlo “del empleo”; es decir, promotores, desde sus respectivas trincheras gubernamentales, de condiciones propicias, primero para reducir los niveles de desempleo, y segundo para mejorar los salarios de los trabajadores. Si se busca en los discursos de Andrés Manuel López Obrador, en doce años de campañas como candidato y en poco más de un mes ya como Presidente, se encontrarán, seguramente, múltiples referencias al respecto…De sus acciones concretas, su reciente decreto para incrementar, de sopetón, el salario mínimo de los trabajadores sometidos aún a ese esquema, es un punto a favor. Sobre todo si se cumple el buen deseo de que no resulte inflacionaria, la medida -al decir del sector patronal- permitirá a todos los beneficiarios, al menos en teoría, cubrir al 100% el “nivel de bienestar” planteado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).O sea que, en teoría, “tutti contenti”.Sin embargo…-II-Sucede, sin embargo, que el beneplácito no es tan generalizado como cabría suponer. Y es que, a cambio de los muchos trabajadores favorecidos cmon ese incremento, el Gobierno federal comenzó a cumplir el “plan de austeridad” prometido por López Obrador como candidato y ratificado ya como Presidente. A partir de que la obesidad ha sido diagnosticada como un vicio histórico del aparato burocrático, de la actual administración se esperaban medidas remediales efectivas, y que no repitiera el error sistemático de las precedentes, que, lejos de adelgazar, incrementaron las nóminas en las dependencias públicas conforme los gobernantes cayeron en la tentación de corromperse para “pagar favores” y beneficiar a sus allegados, abriéndoles de manera discrecional los correspondientes espacios en las ubres del aparato gubernamental.-III-Está por verse, por una parte, si al cumplirse la meta de “recortar” a 222 mil 515 trabajadores cuya presencia en el Presupuesto se estima innecesaria, los recortes no deteriorarán la ya de por sí discutible calidad y eficiencia de los servicios que esas dependencias prestan a la ciudadanía; por otra, las secuelas jurídicas y económicas de las denuncias ya presentadas o en vías de presentarse, por los métodos ilegales utilizados en los despidos; y por otra, hasta dónde el sector privado, hasta dónde el autoempleo y hasta dónde la delincuencia absorben la fuerza de trabajo a la que súbitamente le sacan la escalera y la dejan agarrada de la brocha.
