La muerte de un bebé de apenas ocho meses, a raíz de los episodios violentos del pasado lunes en Guadalajara, en efecto, clama justicia al cielo. Sin embargo, muchas de las voces que se escuchan, plantean otra opción: venganza… “Muerte para los responsables del sacrificio de vidas inocentes”; “castración a los violadores”; “mochar las manos a los rateros”…-II-El tema había vuelto a la palestra, anecdóticamente, propuesto por uno de los participantes en el primer debate de las actuales campañas, entre los aspirantes a la Presidencia de la República. La propuesta de Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”) fue interpretada por los analistas, en su momento, como mera ocurrencia, y descalificada, por tanto, como una iniciativa seria. Replanteada en el contexto de la muerte de Tadeo, el bebé de ocho meses alcanzado por las llamas del autobús urbano en que viajaba en brazos de su madre, incendiado presumiblemente por cómplices de los autores del fallido atentado contra la vida del ex fiscal Juan Carlos Nájera, una propuesta similar (“pena de muerte a los asesinos”) encuentra eco en una opinión pública naturalmente dolida y justamente indignada por el hecho.La violencia en México ha alcanzado los niveles que pueden constatarse a diario; pero no por insuficiencia en la fuerza coercitiva de las leyes, sino por la incapacidad de los aparatos teóricamente encargados de ejecutarla, para llegar -como proclaman cada vez que episodios como los aludidos soliviantan a la opinión pública- “caiga quien caiga” y “hasta las últimas consecuencias”.-III-La aplicación de leyes draconianas, como las que ahora se piden a gritos, emparentadas de alguna manera con la proverbial Ley del Talión (“Ojo por ojo, diente por diente…”), han sido erradicadas de casi todas las legislaciones del mundo, incluidas las de México. El Artículo 22 de la Constitución señala expresamente que “Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie (…) y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”, en parte porque el legislador siempre quiere dejar abierta la puerta a la posible enmienda, regeneración y reinserción social del delincuente, y en parte porque tales penas serían irreparables en caso de error judicial.La solución, pues, debe buscarse en la aplicación de otro añejo concepto: “Es mejor tener malas leyes y buenos jueces, que buenas leyes y malos jueces” (como los que, por desgracia, son la regla y no la ocasional excepción en nuestro medio).
