A cuatro años de distancia -se cumplen mañana- de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se comprende la resistencia de sus deudos a aceptar la “verdad histórica” del caso. Primero, porque la muerte de un hijo, aun en circunstancias “normales”, va contra la lógica; segundo, porque las circunstancias, en ese asunto, fueron anómalas; tercero, por el número de víctimas; y cuarto, porque el manejo de las autoridades civiles ha estado, desde el principio, atestado de sombras y plagado de irregularidades.-II-En consonancia con la explicable reticencia de los familiares, de las exigencias de las organizaciones no gubernamentales que se han involucrado en el asunto y del clamor de un amplio sector de la opinión pública, el Presidente electo, López Obrador, anticipó su intención de crear una “Comisión de la Verdad” para reabrir el caso, permitir la participación de los familiares y sus representantes, enmendar las pifias supuestamente cometidas en un proceso que comprende casi 500 actuaciones judiciales, derivado en 170 detenciones y que constan en un expediente de casi un cuarto de millón de páginas, abrir nuevas líneas de investigación, e idealmente, al final de la película, sin llegar al final feliz que se ha convertido en una muletilla (“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”), sí, al menos, ofrecer a la opinión pública una conclusión plausible, creíble, admisible, y la convicción de que ninguno de los culpables de esos crímenes quede sin castigo.-III-La decisión de crear esa “Comisión de la Verdad” abrirá, de entrada, una polémica de carácter jurídico, relacionada con la idoneidad de dicha Comisión. La que parece ser una salida política, inspirada primordialmente por el afán de dar voz a los inconformes para acallar, al cabo, sus reclamos, choca con los preceptos constitucionales que ponen la investigación de los delitos en manos de las autoridades judiciales, y cancelan la posibilidad de que nadie en este país pueda ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales… ni siquiera en caso de que así lo decida, a la soberana Ley de sus Pistolas, el mismísimo Presidente de la República.Y después, aun si se encuentra el subterfugio que dé visos de legalidad a la que hasta ahora parece ser una bien intencionada ocurrencia del Presidente electo, habrá que ver cómo se supera la máxima criminalística según la cual “cada día que pasa (y ya serían, en el caso, 1460) nos aleja un paso de la verdad”.
