Antes de que “los valores” -como los denominaban las abuelas de antes- pasaran de moda, se decía que “es de elemental honradez rendir cuentas cuando se maneja dinero ajeno”. Se suponía que ese imperativo ético debía de ser más estricto aún si el dinero que se manejaba era público; es decir, dinero del pueblo. Y si se trataba de dinero que debía aplicarse, en teoría, a beneficiar de alguna manera a los más necesitados -las funciones específicas de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de las que fue titular Rosario Robles cuando se produjeron las múltiples y sistemáticas “desviaciones” e “irregularidades” consignadas en la “Estafa Maestra” que está en la fase inicial de su judicialización-, con muchísima mayor razón.-II-En el aspecto procesal -adjetivo, pues-, es discutible si el juez que dispuso la reclusión preventiva de la indiciada se extralimitó al tomar esa medida; en todo caso, se supone que hay recursos jurídicos que permitan revertirla para que la señora Robles enfrente el juicio en libertad. Es igualmente discutible que pueda calificarse de “no grave” el delito de “ejercicio indebido del servicio público” -lo sustantivo del asunto-, cuando la afectación tanto al erario como a los hipotéticos beneficiarios de la aplicación de esa partida alcanza tamañas dimensiones. Cinco millones de pesos escamoteados a las arcas públicas, pueden ser poca cosa. Cinco mil millones, en cambio, no son cualquier baba de perico. Manejarlos de manera incorrecta -aunque no necesariamente en beneficio directo de quienes así lo hicieron-, debería ser motivo suficiente para calificar de delito grave la malversación o el simple “desvío”.-III-Es un secreto a voces que los funcionarios públicos, en México, están expuestos a oír el canto de las sirenas: nombramientos al margen de perfiles o merecimientos curriculares; asignación de contratos de obra pública burlando los mecanismos de concurso; concesiones lucrativas por decisión de los funcionarios o “por órdenes superiores”, a cambio de las “mochadas” institucionalizadas... Eso es corrupción. Y, en el caso de la “Estafa Maestra”, motivo para que el asunto se maneje -como ha ofrecido el fiscal general, Alejandro Gertz- como “delincuencia organizada”.Así debería de ser, si la lucha contra la corrupción va en serio: que se descubra toda la maraña, se sancione a todos los cómplices… y se sepa, al final del cuento -como en las ferias de pueblo- “dónde quedó la bolita”.
