Aunque el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que las llamadas factureras operan en prácticamente todos los giros económicos, especialistas advierten que el sector servicios es el más expuesto a estas prácticas y que las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las más vulnerables a sufrir sus consecuencias.Recientemente, el SAT incorporó 60 nuevas empresas a su lista negra por no acreditar la materialidad de sus operaciones. Con ello, suman más de 11 mil contribuyentes señalados.Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, explicó que la principal debilidad del sector servicios radica en la naturaleza intangible de sus operaciones. A diferencia de la compra de maquinaria, vehículos o mercancías —bienes que pueden rastrearse—, en los servicios lo que se comercializa es tiempo, conocimiento, asesoría, entretenimiento o atención especializada. Esa condición complica demostrar ante la autoridad fiscal que el servicio efectivamente se prestó y que el pago corresponde a una operación real. “Si una empresa se dedica a cortar cabello o a ofrecer entretenimiento musical, ¿cómo se acredita materialmente que ese servicio se brindó, más allá de la transferencia bancaria?”, ejemplificó. En estos casos, el rastro documental puede ser más débil y abrir espacios para que terceros simulen operaciones con mayor facilidad.Las factureras operan mediante la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Con ellos, otras empresas pueden “inflar” sus gastos y disminuir artificialmente su base gravable, pagando menos impuestos. En sectores donde los costos se asocian a bienes tangibles, la autoridad puede verificar inventarios, entregas físicas o activos adquiridos. En los servicios, en cambio, la comprobación depende casi exclusivamente de contratos, facturas y movimientos bancarios.Para las Pymes, el riesgo es doble. Por un lado, suelen carecer de áreas robustas de cumplimiento fiscal o asesoría especializada que les permita verificar exhaustivamente a cada proveedor. Por otro, enfrentan mayores dificultades financieras para implementar controles preventivos, como auditorías internas o sistemas para el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que el diseño actual del combate a la facturación simulada puede impactar con mayor fuerza a los pequeños contribuyentes.En la práctica, si una Pyme contrató un servicio y posteriormente su proveedor es señalado como facturera, la autoridad puede exigirle aclaraciones, imponerle multas, desconocer deducciones e iniciar procedimientos penales, aun cuando el contribuyente alegue desconocimiento. El proceso para defenderse puede ser largo y costoso, mientras la presión administrativa y financiera se mantiene.Además, la cancelación o restricción del Certificado de Sello Digital, puede paralizar por completo la operación de un negocio. Para una pequeña empresa, quedarse sin facturar implica, en términos reales, dejar de existir comercialmente.Macías subrayó que, aunque el Sistema de Administración Tributaria ha reforzado los mecanismos de control —como exigir que los pagos se respalden con transferencias electrónicas desde cuentas bancarias reales—, todavía persiste una asimetría: la carga de verificar la autenticidad del proveedor recae en el contribuyente. Implementar un sistema de verificación constante es costoso y, en muchos casos, inaccesible para las Pymes.La recomendación es solicitar información o asesorarse.
