Avalarán en Jalisco ley que prohíbe ser funcionarios a violentadores
Se espera que el próximo jueves sea dictaminada en comisiones y luego en el pleno
El PRI Jalisco estimó que el Congreso del Estado avalará la “Ley 3 de 3 contra la violencia” que fue aprobada en el Senado de la República.
Valeria Guzmán, presidenta de las mujeres del PRI Jalisco, explicó que esta Ley 3 de 3 contra la violencia” contempla suspender el derecho para ocupar cualquier empleo, cargo o puesto en el servicio público quien sea declarado como deudor alimentario, sanciones con violencia familiar o delitos sexuales.
“Es importante decir que esa ley se podrá aplicar en los tres niveles tanto federal, estatal y municipal”, comentó.
Hugo Contreras, coordinador de los diputados del PRI, explicó que el sentido de la votación de los priistas en Jalisco será a favor de esta iniciativa que fue impulsada por las y los diputados del PRI.
“Desde que las recibimos fue una de las razones por la que se convocó a una sesión extraordinaria para darle seguimiento en el Congreso local”, explicó.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que el próximo jueves sea dictaminada en este Comisión y luego en el pleno.
“El acuerdo que podemos anunciar que ha sido acordado por la dirigente del partido es que el PRI estará a favor de esta iniciativa”, precisó.
La diputada Verónica Flores dijo que lo que se busca es que en el futuro no haya un diputado, senador, regidor, presidente municipal o cualquier funcionario que sea un violentador sexual o deudor alimentario.
“Esta reforma no tiene un tinte machista ni misógino en contra de los hombres”, aclaró.
La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, dijo que lo que se busca es que no haya más violentadores en el poder.
“Los priistas hemos sido los que contamos con el primer manual para atender cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, subrayó.
Por mayoría de 455 votos a favor y 25 abstenciones por parte del PT, la Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado la denominada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que busca frenar las candidaturas de violentadores de mujeres.
La reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución suspende los derechos políticos de aquellos hombres deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores, para imposibilitarlos a acceder a un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.