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Tensión en Bolaños

Una tensa calma persiste entre los dirigentes de la comunidad indígena wixaritari y los representantes de los mestizos en el municipio de Bolaños, ubicado en la Región Norte de Jalisco, por la disputa que mantienen en la definición de su sistema de representación comunitaria.

Las diferencias se avivaron nuevamente luego de que el miércoles pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular la consulta realizada en aquel municipio, en la que la mayoría estuvo de acuerdo en cambiar del sistema tradicional de partidos políticos al de usos y costumbres para la elección de sus dirigentes y forma de Gobierno.

Hace poco más de un mes que en el Congreso del Estado emitieron un dictamen para acatar la resolución de la Sala Guadalajara del mismo TEPJF y las elecciones de 2027 en Bolaños se organizaran bajo este nuevo procedimiento, se desataron violentas protestas de algunos miembros de la llamada comunidad mestiza. Hay versiones que aseguran que estas manifestaciones contra la adopción del método de usos y costumbres fue alentada e impugnada desde los partidos políticos para no verse desplazados.

Era tal el encono, que se temía incluso que aquello degenerara en enfrentamientos entre ambas partes, luego de que cerraron carreteras, prohibieron el paso de quienes forman parte de la comunidad wixárika a la cabecera municipal, e incluso derribaron el monumento al venado, simbólico de su cosmovisión y cultura.

En medio de esta tensión, el gobernador Pablo Lemus reprochó falta de sensibilidad a las y los diputados de la comisión especial que elaboró ese dictamen y que encabeza el coordinador de las y los diputados locales de Morena, Miguel de la Rosa. Tratando de apaciguar los ánimos, esta comisión convocó a una reunión a todas las partes en el Congreso, a la que no acudió la representación mestiza.   

En la resolución de la Sala Superior del TEPJF, se argumenta que las asambleas no cumplieron con los lineamientos de ser videograbadas para tener las evidencias de que no hubo incidencias “en el registro de asistentes, la integración de las mesas de debates o en las preguntas para llevar a cabo la consulta”. Para anular la consulta también señalaron que se presume “coacción” debido a la votación atípica en muchas de las comunidades donde el sistema de partidos políticos no registró un solo voto.

Ahora que el TEPJF ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) realizar una nueva consulta cumpliendo ahora sí los requisitos que no cubrió, son los representantes de la comunidad indígena los que se sienten traicionados y exigen que a más tardar en un mes se realice, y que incluso acudan los magistrados electorales para que vean cómo los votos nuevamente serán libres y a favor del método de usos y costumbres que buscan adoptar desde hace cinco años.

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