Saldos…
Después de los destrozos del sábado pasado en el Centro Histórico -porque nada dice “manifestación pacífica” como romper vitrales, rayar templos y aventar vallas-, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, salió a recitar la cifra del día: 48 personas detenidas. Todo por las afectaciones en Palacio de Gobierno, el Congreso, la estación de la Línea 3, la Catedral Metropolitana y prácticamente cualquier rincón del primer cuadro que encontraron disponible para “expresar su indignación” por la inseguridad.
Zamora destacó la cifra como quien presume colección de estampas, aunque todavía falta saber cuántos de esos 48 llegarán a proceso… y cuántos saldrán libres antes de que termine la semana. Porque detener es fácil. Lo complicado es lograr las consecuencias.
Por ahora, el Gobierno canta “misión cumplida”, mientras el Centro sigue oliendo a pintura fresca y vidrios rotos.
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Después del asesinato de las agentes viales Libna Mata Villegas y Gisela Quezada Ceballos en El Salto -un hecho que volvió a exhibir lo peligroso que puede ser detener un auto con vidrios polarizados-, el comisario vial del Estado, Jorge Arizpe, salió a aclarar que sí, los protocolos existen. Ahí están, firmes, brillantes…
Aseguró que ahora sí se van a “reforzar y perfeccionar” los procedimientos. Nada como mejorar lo que supuestamente ya estaba bien.
Porque, según él, todo funciona, pero al mismo tiempo hay que ajustarlo. Una lógica digna de manual avanzado de burocracia.
Mientras tanto, las y los oficiales esperan que esta vez los cambios no se queden en presentaciones digitales… y que la seguridad llegue antes que el siguiente comunicado.
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En el Senado andan muy inspirados: que si 42 años de cárcel para los que cobran derecho de piso, castigos ejemplares para los montachoques y hasta mano dura para los reos que hacen “call center” desde prisión. Suena durísimo… en el papel.
Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos repartieron el proyecto de la nueva ley contra la extorsión como quien reparte estampitas milagrosas: “¡Tome su nueva pena aumentada, que ahora sí todo se arregla!”.
El detalle -pequeñísimo- es que de nada sirve aumentar castigos en un país donde la impunidad pasea libremente sin que nadie la detenga. Si bien 42 años suena tremendo, primero hay que sentenciar al extorsionador… o mínimo que lo agarren.
Más penas sin resultados es como ponerle candado nuevo a una puerta abierta. ¿O qué?