Protocolos policiales fallidos
A 11 días de ocurrida la balacera inédita en la Colonia Santa Eduwiges, de Guadalajara, en los límites con Zapopan, lo dicho por las autoridades y jefes de policía municipales y estatales de las evidentes omisiones cometidas por los sus cuerpos policiales, han dejado más dudas que certezas, y por tanto, mucha más preocupación.
Esto pese a que se trató de uno de los episodios de violencia delincuencial más estruendosos vividos en Guadalajara, y que volvió a exhibir a las corporaciones, sobre todo a las policías municipales de Guadalajara y Zapopan, que pese a lo prolongado y ensordecedor de la balacera llegaron al punto de conflicto, por omisión o complicidad, cuando ya todo había pasado.
Como lo consigné ayer aquí, el gobernador Pablo Lemus se refirió a los antecedentes penales de Alberto “El Prieto” Valencia, a quien “cazaron” los sicarios, junto con su hija y uno de sus escoltas. También a la presunta relación de la familia de colombianos privada de su libertad en Tonalá con rifas y préstamos ilegales, que al final no se les acreditó. Pero nada ha dicho de la inoportuna y tardía respuesta de las policías.
El primero que respondió a estos cuestionamientos fue el jefe policial de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, quien el martes pasado, nueve días después de la vendetta narca, apenas dijo que se investiga si sus elementos cumplieron con el protocolo, pero aseguró que llegaron al lugar en ocho minutos, pese a que los vecinos vieron las patrullas después del tiroteo que duró al menos 15 minutos. Un día después, Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, justificó la tardanza porque los policías debían llegar en convoy para cuidar su integridad. Nunca dijo por qué no usaron las unidades blindadas y de reacción especial que tiene la corporación. Otra justificación de la demora dijo, fue que era una zona limítrofe entre Zapopan y Guadalajara, cuando, las autoridades de ambos municipios no dejan de presumir los acuerdos de coordinación entre ambas corporaciones. Más desconcertantes aún fueron las explicaciones del responsable del C5, Juan Carlos Contreras, quien dijo que sus operadores no detectaron movimientos extraños ni los sonidos de las armas de los 30 sicarios. El coordinador del gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón, aunque dijo que se actuó bajo “los protocolos”, no descartó algún caso de “colusión” que, dijo, ya investigan las propias corporaciones y la Fiscalía.
Habrá que estar muy atentos, pues, a cuando se terminen estas revisiones, de las que pronto, deben rendir cuentas públicas, y no sólo a los militares como hizo Zapopan.
La libertad con la que se movieron los sicarios, incluso para videograbarse y luego difundir su despliegue y accionar, y que con sus ráfagas pusieron en peligro a los vecinos de la zona, al penetrar sus balas en sus casas y en sus automóviles, obliga a que las autoridades municipales y estatales hagan un deslinde de responsabilidades de quienes no hicieron su trabajo y lo aclaren a la ciudadanía. Y aquí habrá que hacer énfasis en lo que ocurrió con el C5, de cuya inutilidad en este u otros casos de alto impacto delincuencial, dedicaré el “Radar” del próximo lunes.