Las rifas 4T del tigre
Los riesgos, incluso mortales, para las y los mexicanos, que se temían desde la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador de rifar propiedades confiscadas al narco, se empezaron a dar ya, y una de esas historias ocurrió en Tlaquepaque.
Lo que parecía un golpe de suerte, terminó en una terrible pesadilla. Habitante del Estado de México, la mujer que compró uno de los boletos de la Lotería Nacional en el 2024, se sacó una de estas casas en el Fraccionamiento Huerta de la Peña, de la Villa Alfarera, pero cuando tomó posesión de ella, un grupo criminal llegó a reclamarla como suya y a amenazarla si no la desalojaba, reveló la semana pasada Las Noticias N+.
Pero antes de ir al desenlace de esta historia de negligencia gubernamental que por exponer a las y los ciudadanos, debería ser sancionada, vayamos al origen de esta pifia, que muchos incondicionales aplaudieron en su momento porque ese dinero se destinaría a obras sociales.
Luego de la fraudulenta y tristemente célebre rifa del avión presidencial que promovió la Lotería Nacional, por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que terminó malbaratándolo al Gobierno de Tayikistán en abril de 2023 en poco más de mil 658 millones de pesos (92 millones de dólares cuando costó 218 mdd en 2012), empezó a anunciar también en junio de 2021, que en la rifa del 15 de septiembre de ese año, correspondiente a las fiestas patrias se rifarían casas, joyas y autos confiscados al crimen organizado.
Días después, desde su rueda de prensa mañanera, AMLO precisó que entre esos bienes confiscados a la delincuencia organizada que la Lotería Nacional rifaría, estaba una casa de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, y otras propiedades vinculadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin precisar de quién era, anunció también que se sortearían también un palco en el Estadio Azteca.
Con la ligereza habitual y la falta de rigor legal, López Obrador decidió que los bienes asegurados a los mafiosos ya no los administrará el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino el artificioso Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), que fundó a inicios de su sexenio, y del que por señalamientos de corrupción, salió en junio de 2020 su primer director, Ricardo Rodríguez Vargas, a menos de un año en funciones. Por el cochinero que encontró, su sucesor Jaime Cárdenas García, prefirió renunciar a los tres meses.
La casas de Tlaquepaque, con valor de casi tres millones y medio de pesos, es una de las mil 300 propiedades incautadas por la vía de la extinción de dominio, a la delincuencia organizada. Habrá que ver cuántos están en la situación de la señora que ahora reclama al INDEP que le dé lo equivalente del valor de la casa de la que ya no quiere saber más. También habrá que ver qué hace la Fiscalía de Jalisco con los que amenazaron a la ganadora y se apropiaron de nuevo de esa finca.
Pero por lo sucedido, bien haría la Presidenta en irse deshaciendo de este nocivo legado que le dejó su antecesor y mentor político.