¿Es Airbnb realmente responsable de la crisis de vivienda?
En los últimos años, Airbnb se ha convertido en uno de los principales blancos de crítica en torno al acceso a la vivienda. El debate ha cobrado mayor relevancia en el contexto del Mundial de Futbol y el esperado incremento en la llegada de visitantes a ciudades como Guadalajara.
Sin embargo, antes de atribuir a Airbnb la responsabilidad del problema de la vivienda, conviene revisar algunos datos.
De acuerdo con AirDNA, plataforma especializada en análisis de alquileres de corta estancia, actualmente existen 6 mil 059 anuncios activos de Airbnb en Guadalajara. Esta cifra representa aproximadamente el 1.3% del inventario total de vivienda de la ciudad, según el Censo de Población y Vivienda 2020.
Los datos de mayo de este año muestran que la oferta de unidades en Airbnb creció 22% respecto al año anterior. La ocupación promedio se ubicó en 57%, cerca de cinco puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2025. El precio promedio por noche fue de 55 dólares —alrededor de 950 pesos—, mientras que el ingreso anual promedio por unidad alcanzó los 10 mil 900 dólares, equivalentes a unos 188 mil 500 pesos al año o 15 mil 700 pesos mensuales. Este último indicador aumentó apenas 1.7% respecto al año anterior.
A partir de estas cifras, cabe preguntarse si Airbnb representa realmente el gran negocio que algunos de sus detractores sugieren.
Si se considera únicamente la proporción de viviendas destinadas a alquiler de corta estancia, resulta difícil sostener que Airbnb sea, por sí solo, el principal responsable del encarecimiento de la vivienda. Los precios de compra y renta responden a múltiples factores: crecimiento poblacional, niveles de ingreso, tasas de interés, disponibilidad de suelo, regulación urbana y ritmo de construcción, entre otros.
Esto no significa que Airbnb carezca de efectos negativos. En barrios como la Americana o Providencia, donde la concentración de alojamientos temporales es mayor, sí pueden observarse externalidades relevantes. La principal es la reducción de la oferta de vivienda en renta tradicional, lo que puede presionar al alza los precios cuando la demanda se mantiene constante o crece.
También existen preocupaciones legítimas en torno a la preservación de vivienda con valor patrimonial, la transformación de la identidad de ciertos barrios, la pérdida de cohesión social derivada de una mayor rotación de residentes temporales, así como el aumento de problemas como ruido, basura o presión sobre los servicios locales.
Estas preocupaciones son válidas y deben ser atendidas por las autoridades municipales. La protección del patrimonio arquitectónico, la regulación del uso de suelo y la preservación de la calidad de vida en los barrios forman parte de las atribuciones del gobierno local, que cuenta con instrumentos legales para intervenir cuando sea necesario. Solo deben aplicarlos.
No obstante, el debate suele pasar por alto algunos beneficios asociados a las plataformas de alquiler temporal.
En primer lugar, amplían las opciones disponibles tanto para propietarios como para viajeros. Los propietarios pueden elegir distintas modalidades de aprovechamiento de sus inmuebles dentro del marco legal vigente, mientras que los usuarios acceden a alternativas de hospedaje que, en muchos casos, resultan más accesibles o mejor adaptadas a sus necesidades, en un contexto de intercambio voluntario.
En segundo lugar, Airbnb puede generar incentivos para la construcción de vivienda. Aunque este efecto sigue siendo debatido, existe evidencia empírica que sugiere que aumentar la oferta habitacional es un factor clave para contener el crecimiento de los precios de la vivienda en el largo plazo.
Además, la innovación tecnológica ha simplificado la búsqueda de alojamiento para millones de personas y ha permitido que nuevos participantes ingresen al mercado turístico. Esto beneficia tanto a viajeros como a pequeños propietarios que anteriormente tenían pocas posibilidades de ofrecer alojamiento de forma eficiente.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de monetizar activos subutilizados, como habitaciones vacías o segundas residencias. Para muchos hogares —especialmente adultos mayores, estudiantes o personas con ingresos modestos— estos recursos pueden representar una fuente complementaria de ingresos.
Finalmente, el turismo distribuido puede generar beneficios económicos en barrios fuera de los principales corredores turísticos. La llegada de visitantes impulsa la demanda de restaurantes, cafeterías, comercios y servicios locales, lo que favorece la actividad económica, la generación de empleo, el pago de impuestos y una mayor oferta de servicios para los residentes.
La discusión sobre Airbnb no debería plantearse como una elección entre prohibición y regulación estricta. El reto consiste en equilibrar sus beneficios económicos con la mitigación de sus efectos sociales. Para ello, la ciudad requiere más vivienda, mejores políticas urbanas y una regulación eficiente capaz de corregir externalidades específicas sin desalentar la competencia ni la innovación.
Culpar a Airbnb de la crisis de vivienda puede resultar políticamente atractivo, pero los datos sugieren que el problema está en otra parte.
Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.