El veredicto de la ONU sobre México y Jalisco
Esto dice el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su informe final sobre México (y Jalisco):
La impunidad es casi absoluta: sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición han sido judicializados desde 2012, y sólo se han dictado 36 sentencias a nivel nacional.
La intervención de la autoridad en una desaparición, menciona el informe, es meramente burocrática “a través de solicitudes documentales y peticiones rutinarias de cooperación entre instituciones federales y estatales”.
Si hay una persona desaparecida, las fiscalías no visitan el lugar de los hechos; no realizan análisis de muestras forenses genéticas; no recopilan y analizan redes telefónicas, hojas de llamada y datos de telefonía móvil, ni videos de cámaras de seguridad.
Asimismo, las fiscalías y comisiones de búsqueda carecen de recursos financieros y humanos.
El Comité refiere asimismo que las desapariciones se cometen de forma sistemática por grupos del crimen organizado “con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia (consentimiento) de autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal”.
Y menciona como ejemplo el rancho Izaguirre de Teuchitlán y el campamento de reclutamiento forzado en Tala, Jalisco.
Estos lugares, refiere el informe, “operaron durante años con plena visibilidad, sin que las autoridades actuaran a pesar de las denuncias de colectivos y comunidades”.
El alcalde de Teuchitlán, apunta el documento, está preso por aportar patrullas para trasladar reclutas al rancho Izaguirre, lo que demuestra el uso de recursos públicos para la desaparición.
Hay que remarcar que la labor del Comité abarca investigaciones en campo, consultas a colectivos, víctimas y requerimientos de información al Gobierno federal en un trabajo de recopilación y análisis que comenzó en 2012.
El Comité concluyó que existen “fuertes indicios” de que las desapariciones forzadas ocurren en México de forma sistemática y generalizada contra la población, lo que constituye un crimen contra la humanidad (eso significa “lesa humanidad”).
Por lo anterior, el Comité solicitó el pasado 2 de abril al secretario general de la ONU que remita el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este escenario coloca al Estado mexicano ante una disyuntiva: reconocer la magnitud de la crisis y aceptar la cooperación internacional, o profundizar el aislamiento institucional.
Sin embargo, el gobierno de México acusó en un comunicado al Comité de “tendencioso”, “parcial” y “sesgado” por omitir los avances en la atención del problema durante el último año.
Detrás de esos adjetivos del Gobierno federal, plasmados por algún burócrata anónimo, sólo se esconde la mentira, la omisión y el desprecio por más de 130 mil víctimas y sus familias.
Hasta encontrarles.