El regreso del garrote
El 3 de enero concluyó con éxito una operación mediante la cual Estados Unidos logró la captura de un dictador latinoamericano. Ante la reticencia de otros países para concederle asilo, el gobernante buscó refugio en la nunciatura apostólica del Vaticano. Sin embargo, la CIA tenía un arma inesperada: el rock pesado.
Una lista de reproducción con Judas Priest, KISS y Guns N’ Roses sonó sin cesar, como tortura musical, hasta su rendición.
Hablo de la captura del general panameño Manuel Antonio Noriega, en 1990.
No parece casualidad que, 36 años después, se eligiera la misma fecha para ejecutar la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Aunque se trató de una operación con diferencias mayúsculas, donde el escuadrón de operaciones especiales Delta cumplió su objetivo en apenas un par de horas.
El éxito radicó en las labores de inteligencia. Y, más allá de la infiltración de un topo, lo más importante pudiera no ser visible: el aprovechamiento de las fisuras internas del régimen chavista.
Esto explicaría por qué la captura del presidente venezolano fue tan ágil, en comparación con la prolongada operación en Panamá, pese a que el aparato militar de Noriega era considerablemente menor.
No pretendo discutir la legitimidad política ni moral de Maduro. Pocos pueden simpatizar con uno de los líderes más antidemocráticos de América Latina en las últimas décadas.
Pero más allá del personaje, lo verdaderamente relevante es el precedente. Detrás del aparente triunfo inmediato se asoma un problema mayor: el resquebrajamiento del orden westfaliano del derecho internacional, basado en la soberanía de los Estados y en la prohibición de la intervención en los asuntos internos.
La intervención armada solo se admite en supuestos excepcionales: agresión militar o violaciones graves a derechos humanos, y aun entonces exige vías institucionales y, en su caso, autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos sostiene que su actuación no constituye una intervención en el régimen interno venezolano, sino una medida para erradicar el tráfico de drogas que llega a su territorio, imputando a Maduro delitos de narcotráfico.
Argumento que resulta irónico si se contrasta con el reciente indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por encabezar un cártel mientras ejercía el poder.
Las verdaderas motivaciones aparecen con claridad en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que busca asegurar el acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave, imponiendo un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Si Roosevelt resumía su política con el lema “speak softly and carry a big stick”, hoy parece bastar con portar el garrote.
Venezuela, sin embargo, no es Panamá. Es un país con una geografía compleja, cerca de 30 millones de habitantes y sin presencia militar estadounidense permanente en tierra. A ello se suman relaciones regionales tensas con Brasil y Colombia. Un escenario de intervención tendrá repercusiones mucho más graves y duraderas.
Aun así, la caída de Maduro no garantiza una transición democrática. El autoritarismo no cesa y el régimen no se desvanece; solo alinea sus intereses con el invasor y se aleja de bloques geopolíticos adversarios.
Pero sí normaliza la fuerza unilateral como mecanismo de corrección política. En un contexto de multilateralismo paralizado por vetos cruzados (Rusia en Ucrania, Estados Unidos en Palestina y China y Rusia bloqueando cualquier acción efectiva en Venezuela), el derecho internacional funciona, si acaso, solo frente a países débiles y sin aliados poderosos.
Cuando el sistema depende de la voluntad de quienes tienen poder para ignorarlo, deja de ser límite y se convierte en retórica. Quedamos a expensas de los caprichos de los poderosos.