Tarifas: el juego donde siempre pierde el usuario

La última semana del año suele ser la preferida de la clase gobernante para aplicar las políticas que saben que no van a gustar a los ciudadanos, como si de verdad las fiestas hicieran olvidar los agravios. El aumento a la tarifa del transporte público con la que inauguramos 2026 es el ejemplo perfecto de esta política del avestruz que esconde la cara y enseña su descomunal trasero, nada limpio, por cierto.

Después de seis años sin aumento era evidente que la tarifa del transporte público tenía que actualizarse. El combustible ha aumentado cerca de 30 por ciento desde 2018, cuando se estableció la tarifa en 9.50 con redondeo obligado a diez pesos. No hay duda, pues, que el aumento era necesario, tal como ha sucedido en todas las grandes ciudades del país. El problema es, una vez más, la falta de transparencia y la colusión entre autoridades y transportistas. Las instituciones del Estado que deberían de vigilar y exigir el estricto cumplimiento de la ley por parte de los concesionarios -que, hay que subrayarlo, no son dueños de las rutas sino de los camiones- terminan inexorablemente confundiendo su rol, sea por corrupción, incapacidad o un vulgar interés político.

El ejemplo más claro de la colusión entre autoridades y transportistas son las fallidas rutas empresa. Lo que nos prometieron y plasmaron en la Ley de Movilidad es que ya no existiría el esquema de hombre camión y que todas las rutas deberían operar como empresas, de manera que el sistema fuera mejor, los horarios fueran establecidos por los organismos estatales de acuerdo con los estudios de demanda, los costos de operación disminuyeran en beneficio de la tarifa y la calidad en el servicio la prioridad. Eso no solo no ocurrió, sino que lo poco que se avanzó, más por presión social que por voluntad política de las autoridades, va en retroceso. Cada vez más hay rutas que no cumplen con el número y calidad mínima de las unidades, choferes que se salen del derrotero y compiten por el pasaje rebasándose unas a otras ante la mirada complaciente de quienes deberían de hacer cumplir la ley.

Antes que preguntarnos por la tarifa deberíamos tener claro cuál es el nivel de servicio exigido a los concesionarios y a la operadora del Estado. Definido eso, entonces sí discutamos la tarifa y sobre todo el esquema de subsidios a los usuarios.

Una vez más pareciera que el problema a resolver es el de los concesionarios, no el de los ciudadanos, que al Gobierno le importa más resolver la relación política con un grupo de poder que hacer una verdadera política de transporte en función de un proyecto de ciudad.