Cuánto es mucho, cuánto es deseable
La hipótesis: las cosas en seguridad pública no están bien. Para comprobar si se comprueba, pensemos en dos variables: lo que la gente opina, a partir de su sensación de inseguridad, los datos los provee la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que el Inegi publicó el 23 de enero de 2026, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2025. En el otro extremo, los números de incidencia delictiva que parten de las carpetas de investigación de las fiscalías y que los gobiernos difunden (los estatales, municipales y el federal) con particular y sospechoso denuedo. Nota metodológica: entiendo, para las exquisiteces académicas, calificar de “sospechoso” el empeño de los gobernantes por divulgar, cueste lo que cueste, sus estadísticas, deja asentado que este texto no tiene nada de riguroso, el sesgo es evidente. Qué le hace, poner el adjetivo sospechoso es casi un acto de dignidad frente a décadas de vivir con miedo a pesar de que las autoridades aseguran cíclicamente que sus estrategias están funcionando para prevenir y disminuir los crímenes; en términos cívicos, todo lo que vele por la dignidad humana, así sea un adjetivo, es el rigor más urgente.
Sin necesidad de una ciencia exhaustiva, nos topamos con que las fuentes de los datos para las variables tienen distintos grados de confiabilidad: los que aporta el Inegi son obtenidos con precisión, los de los gobiernos acusan deficiencias severas al colectarlos, clasificarlos y conservarlos. ¿Podemos estar seguros de que todos los homicidios dolosos son catalogados como tales y no, digamos, como culposos? No todos los crímenes son denunciados, una cifra aceptada es que sólo uno de cada diez acaba en una carpeta de investigación. ¿Éstas, tienen un folio inviolable? ¿No hay algunas que se quedan en el limbo de los “expedientillos” y no entran a la contabilidad? A pesar de la evidente disparidad en la calidad de origen de los datos, los nada rigurosos gobernantes oponen los suyos a los que genera el Inegi a partir de lo que las personas opinan.
Para las autoridades, su información es reflejo impecable de la realidad. En octubre de 2025, la presidenta de México, en su Informe público en el Zócalo, afirmó que Jalisco logró una reducción histórica de 62% en homicidios dolosos, resaltó la coordinación institucional como la clave del éxito. El gobernador Pablo Lemus secundó a Claudia Sheinbaum, los medios recogieron su sentir: Jalisco tuvo una mejora, septiembre a septiembre, 2024-2025, de más de 60 por ciento en la reducción de homicidios dolosos, somos, dijo, el tercer estado que más mejoró a nivel nacional... “hace falta mucho por avanzar, nosotros estamos conscientes de ello, no quiero que me malinterpreten en el sentido de que yo estoy diciendo que estamos en el momento idóneo, queda mucho por avanzar, pero los logros y el resultado, están ahí”. Por si no bastara, en el tercer trimestre de 2025 la misma ENSU, publicada en octubre (correspondiente al periodo julio-septiembre), dialogaba bien con el optimismo de las autoridades, Pablo Lemus reaccionó, destacó que Guadalajara y toda el Área Metropolitana mostraron una disminución en la percepción de inseguridad; la atribuyó también, curiosamente, a la coordinación entre el gobierno estatal, municipal y las fuerzas federales.
Pero cuando las cifras oficiales -es una manera de llamarlas, no implica que sean confiables- colisionan (vocablo horrible pero ilustrativo) con el alza en la percepción de inseguridad que documenta el Inegi, el mensaje entre líneas de los gobiernos es que la gente podrá decir que se siente insegura, pero ellos, ante la condición asustadiza de la población, no pueden hacer mucho. En la más reciente edición de la ENSU, octubre-diciembre de 2025, el porcentaje de la percepción de inseguridad subió; en el municipio de Guadalajara unas décimas, en 78.9-79.2, de los seis municipios de Jalisco que están en el estudio, es en Guadalajara donde más personas dicen sentirse inseguras. En Tonalá, al contrario, disminuyó casi nueve puntos respecto a la medición previa. En Tlajomulco la variación fue al alza, tres décimas, llegó a 73.9. Tlaquepaque aumentó 5.7 puntos, era 60.1. En Zapopan se elevó poco más de cinco puntos, llegó a 54.7. En Puerto Vallarta también más habitantes se sintieron inseguros, de 24.7 llegó a 32.0
Podrá argumentarse que los cambios son menores, pero sólo si consideramos las variaciones en tanto números; el promedio simple de los seis municipios, “áreas urbanas de interés” les llama el INEGI, en el periodo octubre-diciembre, fue 60.3%, seis de cada diez personas se sintieron inseguras (para todo el país el promedio fue 63.8). En el trimestre previo las áreas urbanas de interés en Jalisco promediaron 58.7. Si los porcentajes los mudamos a personas: de julio a septiembre, en esos municipios 59 de cada cien acusaron falta de seguridad; de octubre a diciembre, 60. Para los medios de comunicación significa titulares: subió la inseguridad que la gente siente. Para los gobiernos: no es para tanto, la cantidad de homicidios dolosos ha bajado.
¿Y para la población? Significa, se vean las cifras que se vean, pierdan puntos o ganen puntos, perder calidad de vida, de una en una, de una en uno. No poder salir a la calle sin tomar precauciones, y en ocasiones, es mejor no salir. Ni hablar de que los niños vayan a la tiendita. Dejar sola la casa o el automóvil es traer una piedra en el zapato, quizá no pase nada, la incomodidad es constante. La desconfianza en los demás; más vale, solemos pensar, no vaya a ser. Y las conversaciones cotidianas alrededor de la extorsión, de la violencia, alrededor de que no hay leyes ni quien las imponga. La hipótesis se sostiene: las cosas en la seguridad pública no están bien, no porque lo diga la ENSU, porque los gobernantes se empeñan en que, si la mala percepción y la desconfianza son el asidero de la población para inmiscuirse con la realidad y modificarla, no es problema de ellos, su estrategia es impecable, lo dicen las estadísticas, muertos y miedo aparte.