Apegada a la ley, no a la realidad

La posición de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la solicitud de detención y extradición de varios funcionarios gubernamentales de Sinaloa, de “... analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud… iniciara -la Fiscalía General de la República- una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, es correcta legalmente, aunque pudiera argumentarse que es ajena a la realidad y políticamente incorrecta cuando “inocentemente” dice que “... si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia -de Estados Unidos- es político”.

Sheinbaum se ampara jurídicamente en lo que en lo que dice el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que en su artículo 3 habla de “pruebas necesarias”, en donde señala: “Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida -en este caso México-, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, bien para probar que es la persona condenada por los tribunales de la Parte requirente -Estados Unidos-”, mientras que el artículo 12, que habla de “prueba adicionales”, añade que, “Si el Poder Ejecutivo de la Parte requerida estima que las pruebas presentadas en apoyo a la solicitud de extradición no son suficientes para satisfacer los requisitos de este Tratado, dicha Parte solicitará la presentación de las pruebas adicionales que sean necesarias”.

Es solamente ganar tiempo en un proceso que al final de cuentas todos nos imaginamos en qué va a concluir, con el elevado riesgo de “estirar más la liga” en la difícil relación que se vive con la Casa Blanca, con la posibilidad de que la mandataria -por esta momentánea posición- se vea “arrinconada”, se agrave el tema de las acusaciones de “narco estado” desde la oficina Oval y tenga repercusiones en las negociaciones del tratado de libre comercio. A Claudia Sheinbaum le asiste la ley y los acuerdos bilaterales, pero no aparentemente la razón de la actualidad que vivimos con la relación de algunos funcionarios con el crimen organizado. Y aunque ayer dijo que, “... bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México” y se envuelva en la bandera de la “... verdad, justicia y defensa de la soberanía”, tarde o temprano se dará cuenta de la verdadera realidad -que por supuesto la conoce- y deberá darles curso a las peticiones estadounidenses.

Usted, ¿qué opina?